La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el envío a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de una propuesta de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La iniciativa busca crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un órgano dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE) que tendrá como objetivo evitar que personas con posibles vínculos con la delincuencia organizada puedan postularse a cargos de elección popular.

Durante su conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, Sheinbaum detalló que la propuesta responde a la necesidad de blindar los procesos electorales, particularmente de cara al periodo electoral de 2027. “Tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada”, puntualizó. La mandataria subrayó que la iniciativa se enmarca en el respeto a la presunción de inocencia consagrada en la Constitución y que permitirá a los partidos políticos conocer si un aspirante tiene antecedentes que representen un riesgo.

La consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, explicó que la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas estará integrada por cinco consejeros electorales elegidos por el Consejo General del INE para un periodo de tres años. Este órgano fungirá como vínculo entre los partidos políticos que voluntariamente decidan participar y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia. La Comisión consultará a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar si existe o no un riesgo razonable de vínculos con la delincuencia organizada.

El proceso funcionará de la siguiente manera: los partidos políticos entregarán voluntariamente a la Comisión la lista de sus aspirantes a candidatos. La Comisión, a su vez, consultará a las dependencias de seguridad, que analizarán la información y determinarán si “no existe riesgo” o si “existe riesgo razonable”. Con base en ese dictamen, la Comisión informará a los partidos políticos, señalando las instancias que advierten el riesgo. Los partidos serán responsables de decidir si registran o no la candidatura. No obstante, si las instituciones de seguridad, inteligencia o procuración de justicia encuentran información relevante, continuarán con las investigaciones correspondientes conforme a sus atribuciones.

Alcalde detalló que los aspirantes a una candidatura deberán manifestar obligatoriamente su conformidad para ser evaluados por la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE. El proceso se realizará en condiciones de confidencialidad entre todas las partes, y la información que identifiquen las autoridades competentes tendrá carácter reservado para no afectar, en su caso, el debido proceso. La reforma busca fortalecer la integridad de los procesos electorales y garantizar que quienes aspiren a un cargo público no representen un riesgo para la seguridad nacional.