La organización ciudadana Somos México, también conocida como Marea Rosa, presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un amicus curiae con el objetivo de aportar evidencia y argumentos para la anulación de la primera elección judicial realizada el pasado 2 de junio. El documento no constituye una impugnación formal, pero busca influir en el análisis del Tribunal con base en pruebas ciudadanas.

Entre los elementos entregados, destacan denuncias por la distribución masiva de "acordeones" con nombres de candidatos afines a Morena, anomalías en el traslado de paquetes electorales, ausencia de representantes de casilla y supuestos casos de relleno de urnas. También se señala la impresión de boletas con candidaturas retiradas y la exclusión de personas en prisión preventiva, con discapacidad o residentes en el extranjero.

Rodrigo Morales y Arturo Sánchez, ambos exconsejeros electorales, señalaron que el amicus busca no solo contribuir al análisis de nulidad, sino sentar precedentes para corregir el modelo electoral rumbo a la elección judicial de 2027. Por su parte, Rosario Guerra calificó el proceso como una “elección de Estado”, al asegurar que hubo fallas estructurales desde el diseño del proceso.

La organización también cuestionó la falta de fiscalización por parte del INE sobre el origen de recursos usados en la propaganda electoral y la renuncia del Comité Técnico de Evaluación que derivó en un proceso desordenado. Además, calificaron la reforma judicial como “viciada de origen” por haber sido aprobada sin consulta pública y mediante una mayoría legislativa construida con transfuguismo político.

Finalmente, Somos México denunció la cancelación de una de sus asambleas distritales en Coyoacán/Iztapalapa, que sería realizada en el Centro Deportivo Censodep. La Secretaría de Agricultura justificó la suspensión argumentando que el evento ocultó fines de afiliación política, lo cual está prohibido por ley. La organización reiteró su intención de convertirse en partido político y exigió garantías para ejercer sus derechos políticos.