El fiscal general de Texas, Aaron Nielson, reconoció en una audiencia en Nueva Orleans que la ley antiinmigrante SB4 podría haber excedido los límites legales. Esta admisión se produce en medio de la controversia sobre la legalidad de esta legislación, que está siendo evaluada por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito.

Nielson admitió que los legisladores de Texas buscaron ir al límite de lo permitido por el Tribunal Supremo de EE. UU. al redactar la ley SB4, pero ahora reconocen que "quizá Texas fue demasiado lejos". Esta declaración se produce en un contexto donde la corte ha bloqueado temporalmente la entrada en vigor de la ley mientras se examina su legalidad.

La SB4 ha generado un intenso debate sobre la competencia del Gobierno federal en asuntos migratorios y la autonomía de los estados. Los defensores de la ley argumentan que es necesario ante la supuesta falta de protección fronteriza por parte del gobierno de Joe Biden, mientras que sus críticos la consideran inconstitucional y discriminatoria.

Las audiencias en la Corte de Apelaciones también han abordado la cuestión de la detención y deportación de migrantes por parte de las autoridades estatales. Según la interpretación de la Fiscalía de Texas, aquellos sujetos a órdenes de detención estatales serán entregados a las autoridades federales para su deportación.

La SB4 ha sido objeto de múltiples demandas judiciales presentadas por organizaciones de derechos civiles y grupos defensores de los inmigrantes, argumentando su inconstitucionalidad. Sin embargo, los abogados del gobierno de Texas han desestimado estas demandas, argumentando que los demandantes no tienen un reclamo válido en el caso.