Las cifras de agresiones contra mujeres y niñas durante la pandemia han puesto en evidencia que, al igual que la COVID-19, es una pandemia que las autoridades y la sociedad deben combatir, coincidieron en señalar especialistas reunidos con motivo del “Día naranja. Niñas y mujeres en situación de violencia durante la pandemia”.

El director de la Facultad de Derecho (FD), Raúl Contreras Bustamante, comentó que la nueva generación de estudiantes de esta entidad académica la integran 56 por ciento mujeres.

En tanto, la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, explicó que durante la emergencia sanitaria se incrementaron más de 45 por ciento las vinculaciones a proceso de personas que comenten delitos contra ellas, en comparación con lo que ocurría en 2019 con la vinculación a proceso de 53 personas imputadas por el delito de feminicidio.

La egresada de la FD de la UNAM agregó que el acumulado de enero de 2019 a julio de 2021 registra 590 personas imputadas por delitos sexuales, y 669 por violencia familiar y lesiones dolosas contra mujeres, lo cual significa aumento de más de 45 por ciento de agresores vinculados a proceso.

En lo que respecta a la detención de personas acusadas de feminicidio y contra las mujeres, aumentaron 121 por ciento. Tenemos 60 por ciento más de vinculaciones por agresiones sexuales y 29 por ciento más casos de agresores por violencia familiar y agresiones dolosas vinculadas a proceso.

Godoy Ramos lamentó que para numerosas mujeres el confinamiento, en vez de representar un espacio de protección, se convirtió en uno de mayor peligro pues las orilló a convivir en mayor medida con sus agresores.

Recordó que desde antes de la pandemia por la COVID-19 la violencia contra las mujeres por razones de género constituye un problema de salud pública y violación a sus derechos humanos.

Irene López Faugier, de la FD, aseveró que las víctimas tienen múltiples derechos, pero a veces el trato que reciben no es suficiente para la protección de sus garantías individuales, ya que con frecuencia la atención es hostil, “las autoridades no les dan un acogimiento, sino que minimizan lo que les ocurrió y en ocasiones son criminalizadas, sospechosas e incluso como responsables de lo que están padeciendo”.

Por ello, consideró importante poner atención a las emociones que se presentan luego de sufrir un delito, pues nadie está exento de que esto pueda pasar; además, las operadoras jurídicas (del Estado) y la sociedad civil deben entender a las víctimas, su subjetividad, contexto, y la pérdida que representa la violencia ejercida sobre ellas.

Rosa María Álvarez González, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que la pandemia por la COVID-19 evidenció la realidad que se creía estaba por superarse, toda vez que la violencia familiar se acentuó y mostró las debilidades de un sistema que no ha sido capaz de consolidar la protección de los miembros más débiles.

Al concluir, manifestó: “La pandemia de la violencia familiar, al igual que la otra, va a dejar miles de víctimas en el país que difícilmente podrán recuperarse, pues no podrán recuperar cabalmente la regularidad en el resto de sus vidas, ni física, ni psicológicamente y para ayudarlas el Estado deberá destinar enormes recursos”.