Función Pública reafirma su compromiso de eliminar la violencia contra las mujeres en el servicio público

La secretaria Irma Eréndira Sandoval resalta el trabajo conjunto en ese ámbito de instituciones como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Inmujeres. Participa en acto en la sede del Tribunal con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La normalización de la violencia contra las mujeres y el silencio que la oculta exigen acciones concretas, advierte.
La normalización de la violencia en contra de las mujeres y el silencio que la oculta exigen acciones concretas, advirtió la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, al participar en un acto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), en el que reafirmó el compromiso de la dependencia que encabeza de eliminar la violencia de género. Señaló que, sin ser un problema exclusivo de México, el panorama en nuestro país es preocupante, pues de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, seis de cada 10 mujeres han enfrentado algún incidente de violencia y 41% ha sufrido violencia sexual.
Refirió que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en promedio, cada día son asesinadas nueve mujeres en el país, además de que “ante la falta de respuestas contundentes, la discriminación por razones de género y la histórica ineficiencia de gobiernos pasados, nueve de cada 10 mujeres no presentaron queja o denuncia”. “Es hora de cambiar este panorama tan sombrío”, urgió la secretaria Sandoval Ballesteros, quien subrayó que la Función Pública lucha desde su trinchera, que es el ámbito laboral, “y día con día, ponemos todo nuestro empeño para hacer de la Administración Pública Federal un espacio incluyente y seguro”.
Por ello, reconoció los esfuerzos que en el mismo sentido realiza el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, expresados en la “Guía en materia de reparaciones por violaciones de derechos humanos relacionadas con la integridad física: obligaciones internacionales y prácticas jurisdiccionales”, presentado en días recientes. Insistió que sólo con acciones “se podrá incidir en un panorama francamente alarmante” que abarca el hogar, la escuela y el trabajo.
“Diariamente se violan los derechos humanos de las mujeres y niñas en todo el mundo. Y, lo peor de todo, es que esta violencia es altamente tolerada”, alertó. Entre las acciones de la Función Pública hizo énfasis en la entrega de un nuevo Código de Conducta con perspectiva de género; la compaginación de la política de igualdad de género con el Programa Proigualdad, y el mejoramiento del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual que se había publicado en 2016.
Indicó que, mediante un trabajo en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), se fortaleció dicho Protocolo y ahora no sólo prohíbe la violencia, sino que ofrece medios efectivos para combatirla y castigarla. Añadió que, además, por primera vez en la Administración Pública Federal, la secretaría a su cargo emitió un Protocolo de actuación con perspectiva de género en sede administrativa para la investigación y sustanciación de quejas y denuncias, el cual guiará a los Órganos Internos de Control para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres.
“El género no puede seguir siendo un factor que condicione el ejercicio de violencia. Las mujeres ya luchamos para derribar los obstáculos que nos impedían una igualdad en el mundo laboral: los prejuicios que impedían tener los mismos salarios, prestaciones y seguridad laboral que los hombres. No estamos dispuestas a tolerar ningún tipo de violencia por estos logros que nos hemos ganado”, advirtió.
En el acto estuvieron presentes el magistrado Rafael Estrada Sámano, presidente de la Primera Sección de la Sala Superior, en representación del presidente del TFJA, magistrado Carlos Chaurand Arzate; la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del TFJA, magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez; la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, y la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Candelaria Ochoa Ávalos.
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