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Los servidores públicos que para sí o por encargo participen en esta actividad serán sancionados con 50 por ciento más de la pena Para combatir el deterioro ambiental y contribuir a garantizar el derecho humano de los capitalinos a un medio ambiente sano, legisladores del Congreso de la Cuidad de México presentaron diversas iniciativas para implementar mayores sanciones a la tala de árboles, regular la deforestación y proteger las áreas de valor ambiental en la capital.
La diputada de MORENA, Leticia Estrada Hernández a nombre propio y del diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, presentó la iniciativa por la que se reforma el artículo 345 Bis del Código Penal local e imponer de dos a ocho años de prisión y de dos mil a cinco mil días de multa al que derribe, tale o destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más árboles para obtener un beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta, líquida o en especie.
También se propone establecer que los funcionarios que para sí o por encargo participen en esta actividad serán sancionados con 50 por ciento más de la pena.
En tribuna, la diputada indicó que de acuerdo con la Procuraduría de Protección Ambiental Federal (Profepa), entre 30 y 50 por ciento de la madera que se produce en México es de procedencia ilícita, lo que significa que cuatro de cada 10 árboles que se talan no cuentan con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Detalló que de acuerdo con datos de la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, poco más de 50 por ciento del territorio de la capital está clasificado como suelo de conservación y áreas naturales protegidas.
Indicó que en la capital esta problemática ha ido en aumento de manera grave, principalmente en las alcaldías Milpa Alta, Xochimilco, Magdalena Contreras, Tlalpan y Álvaro Obregón, y en las que todos los días habitantes de comunidades residentes se percatan de la tala indiscriminada por parte de grupos criminales que operan con total impunidad.
Aunado a lo anterior, Leticia Estrada Hernández dijo que la irregularidad de los aserraderos clandestinos se ha agravado debido a la opacidad de las administraciones pasadas, provocando que los habitantes de estas comunidades tengan que enfrentarse con los delincuentes para proteger las zonas naturales en donde viven.
También consideró que las penalizaciones son muy bajas en comparación con el daño que causa la tala ilegal de los bosques, ya que el artículo aplicable para este delito, considera una pena de 3 meses a 5 años de prisión y 500 a 2 mil días de multa a quienes cometan estas acciones.
Aseguró que esta actividad ilegal no representa mayor problema para los delincuentes, quienes pueden salir bajo el pago de una fianza o sobornos.
Detalló que en febrero de 2019, el gobierno local, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, puso en marcha un operativo contra la tala ilegal, operación que dio como resultado la detección de 24 centros de almacenamiento y transformación irregular, los cuales están en proceso de clausura.
“Es de vital importancia que se tomen medidas inmediatas con la finalidad de que la ciudad no siga perdiendo sus áreas boscosas. Es necesario sumar esfuerzos por las acciones tomadas por el gobierno local, lo que se requiere es reformar el Código Penal local para tipificar mejor este delito”, indicó la legisladora.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y discusión.
