• La dependencia federal y su delegación en Quintana Roo no han respondido ni iniciado la investigación correspondiente tras las denuncias populares que se han presentado.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, en conjunto con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), presentó un amparo ante el juzgado de distrito en turno en el estado de Quintana Roo denunciando la omisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y su delegación en esa entidad, de incumplir con su obligación de resolver el expediente de denuncia popular en contra de DragonMart Cancún.

Desde febrero del año pasado se han presentado denuncias ante la delegación de la Profepa en Quintana Roo por diversas acciones y omisiones que se cometieron con el desarrollo, ejecución y operación del proyecto “Construcción y operación del Centro Comercial DragonMart Cancún y Obras Asociadas”.

En específico, se señaló que dicho proyecto requería de una autorización en materia de impacto ambiental federal por: 1. tratarse de un desarrollo inmobiliario que afecta un ecosistema costero; 2. contemplar la construcción y operación de obras hidráulicas; 3. contemplar la construcción y operación de una desalinizadora; 4. contemplar actividades en un Área Natural Protegida Federal; y 5. contemplar la operación de una subestación eléctrica.

De acuerdo con la Ley, cualquier persona, grupo social, organización no gubernamental, asociación y sociedad tiene el derecho de denunciar ante la Procuraduría hechos u omisiones que produzcan o puedan causar desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales.

Por su parte, la Profepa tiene obligación de iniciar un procedimiento a partir de la presentación de la denuncia popular, que incluye realizar la investigación correspondiente e iniciar un procedimiento administrativo de inspección y vigilancia oportuno, en caso de que se encuentren irregularidades.

“En este caso, la Profepa ha incumplido con la Ley -señaló el Senador Ávila Ruiz- puesto que a la fecha no se ha recibido respuesta alguna dentro del expediente en el que fueron acumuladas las denuncias populares. A cinco meses de presentadas las denuncias no se han realizado las visitas oculares correspondientes, por lo tanto no existen actas y mucho menos se ha dado inicio a los procedimientos administrativos de inspección y vigilancia, de acuerdo a los plazos correspondientes”.

El legislador yucateco agregó que “esta falta de diligencia ha resultado en una violación al debido proceso administrativo y a la obligación constitucional de respeto y garantía, pues al no actuar oportunamente las violaciones se siguen consumando”.

La vulneración a los derechos es latente debido a que DragonMart cuenta con una autorización ilegal de impacto ambiental a nivel local, así como con la licencia de construcción para desarrollar el proyecto, lo que traerá desequilibrios ecológicos por el tipo de desarrollo y su ubicación dentro de un ecosistema costero y su cercanía con un área natural protegida como lo es el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos.

Cabe agregar también que, aún cuando no se hubieran presentado denuncias populares, la Profepa cuenta con las facultades y tiene una obligación genérica de inspección y vigilancia, que tuvo que haber ejercido en cuanto el Proyecto empezó a ser parte del debate público, no sólo a nivel local, sino a nivel federal e incluso internacional.

El texto del amparo señala que “la autoridad responsable ha sido omisa en cumplir con su obligación constitucional de proteger y garantizar los derechos humanos al medio ambiente sano, a la legalidad y al debido proceso administrativo, que constituye a su vez una violación directa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales México es parte, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

Finalmente, el Senador Ávila reiteró la confianza en el Poder Judicial de la Federación para resolver conforme a derecho la resolución de este conflicto, con base en el derecho humano a un medio ambiente sano”.