Protección Civil ha alertado del riesgo que representan para niñas, niños y adolescentes




Urge que la Secretaría de Educación Pública (SEP) implemente a nivel nacional un programa de deschatarrización en escuelas públicas, porque un elevado porcentaje sufre carencias y deterioro en su infraestructura y mobiliario, ya que por años han acumulado en sus patios materiales de desecho como pupitres, escritorios y archiveros.

En un punto de acuerdo, la diputada del PRD, Maricela Contreras Julián, destacó que se requiere un plan gubernamental eficiente que atienda el retiro de enseres en desuso, que fueron sustituidos por nuevos, en instituciones educativas públicas, que mejoren las condiciones de enseñanza, seguridad e higiene de los estudiantes.

La secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación consideró que, por cuestiones de prevención de accidentes y riesgos, es imprescindible liberar a todas las escuelas del material en desuso, ya que los especialistas en Protección Civil han alertado del riesgo que representa el mobiliario chatarra para las niñas, niños y adolescentes.

Refirió que en centros educativos se han realizado esfuerzos aislados que, aunque exitosos, han estado desarticulados del resto de las escuelas del país, por lo que se requiere una estrategia única que resuelva esta problemática, precisó.

El mobiliario en desuso constituye un verdadero problema, porque en algunos casos se ha convertido en un nido de especies nocivas, en esos espacios escolares donde los alumnos realizan actividades deportivas, artísticas y lúdicas, para mejorar sus capacidades físicas o su desarrollo personal, explicó.

Por ello, apuntó, es necesario que la SEP despliegue, conjuntamente con las Secretarías de Educación de todos los estados de la República, este programa de deschatarrización en las escuelas públicas que libere a todos los planteles de mobiliario en desuso.

“En la mayoría de las escuelas públicas existe mobiliario arrumbado y almacenado, el cual ha sido sustituido por nuevo. La acumulación de estos enseres representa un riesgo permanente para la salud de los estudiantes”, afirmó.

Contreras Julián refirió que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realizó, el 26 de septiembre del 2013, el Primer Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial. Registró un total de 232 mil 648 planteles de educación básica y especial con un número total de educandos de 26 millones 283 mil 775; de estas escuelas, 152 mil 863 están bardeadas o con cerco completo, y 18 mil 391 carecen del mismo.

Del total de centros escolares, 127 mil 871 son públicos, 20 mil 86 privados y el resto son del Consejo Nacional de Fomento Educativo; 80 por ciento de las escuelas públicas cuenta con techos de cemento y 17.2 de lámina, asbesto o cartón; cerca de 9 por ciento carecen de sanitarios y 5 por ciento no tiene energía eléctrica.

Más de 94 mil escuelas tienen acceso a la red pública de agua, 4 mil 803 reciben el líquido por medio de pipas, 13 mil 676 por pozos o norias, 7 mil 45 la deben acarrear y 2 mil 773 carece del suministro de este recurso.

El deterioro de la infraestructura y del mobiliario escolar, la precariedad de los servicios básicos, la carencia de áreas verdes y los patios pequeños para los recreos, e incluso, la falta de higiene en las instalaciones sanitarias, son factores que afectan el aprendizaje en primarias y secundarias públicas del país, revela el Informe Nacional sobre Violencia de Género en Educación Básica en México, elaborado por la SEP y el Fondo de Naciones Unidas para la Niñez (Unicef), indicó.

Las características de la infraestructura se transforman en oportunidades para el aprendizaje y la enseñanza, por lo que es imprescindible que todas las escuelas públicas tengan instalaciones que los garanticen, concluyó.