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- La dependencia federal tiene que aplicar las sanciones a compañías que contaminen afluentes del país.
- Debe informar al Senado de las acciones para reducir estos problemas.
El senador del PT, David Monreal Ávila, consideró que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) debe tener mayor control y vigilancia en las descargas que ejecutan las industrias y actividades mineras en aguas nacionales y, en su caso, aplicar las sanciones a las compañías que contaminen los afluentes hídricos del país.
Para este propósito, el legislador presentó una proposición con punto de Acuerdo, por el que pide a la PROFEPA vigilar y sancionar a las empresas que derramen sustancias tóxicas y algún tipo de contaminantes en afluentes hídricos.
Monreal Ávila aseveró que la dependencia federal también debe supervisar la reparación de los daños ambientales provocados por las empresas que desagüen productos peligrosos para la salud o algún tipo de contaminante en ríos del país.
El legislador del PT señaló, además, que la PROFEPA tiene que informar al Senado las acciones que implementará a fin de reducir los problemas ambientales provocados por empresas o actividades mineras, así como los mecanismos que garanticen la protección a los recursos naturales.
Indicó que para resolver el problema de la contaminación tóxica en ríos, es necesario establecer objetivos que se enfoquen en las fuentes de contaminación de los afluentes.
Subrayó que se tiene que cumplir con lo mandatado por la Constitución, que en su artículo cuarto establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Por lo tanto, dijo, el Estado debe garantizar este derecho y las modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos del país.
Recordó que en los últimos meses México ha sufrido diversas tragedias ecológicas, ya sea por derrames de material tóxico sobre los ríos de Sonora, Durango y Nuevo León, originados por empresas mineras o por tomas clandestinas en los ductos de Petróleos Mexicanos.
