• 70 por ciento de migrantes en Tabasco, víctimas del crimen organizado o de alguna autoridad: Fray Tomás González.

• Migrantes padecen tortura psicológica en estaciones migratorias por desconocimiento del procedimiento administrativo migratorio.

En el seminario "La satisfacción de los derechos humanos de colectivos en situación de vulnerabilidad", organizado por el Instituto Belisario Domínguez, que preside el senador Miguel Barbosa Huerta, especialistas señalaron las contradicciones legales que nulifican los derechos humanos de los migrantes.

Al contextualizar el tema, Fray Tomás González, director del refugio “La 72”, refirió que por Tabasco entran al país alrededor de 45 mil migrantes al año, además de que esta organización ha atendido en 2014 a más de 8 mil 500 personas, de las cuales 70 por ciento fueron víctimas del crimen organizado o de alguna autoridad. Ha pasado de ser una casa de asistencia humanitaria a una de cotidiana denuncia de lo que les sucede a los migrantes, subrayó.

Sin embargo, dijo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha admitido todas las pruebas que se le han presentado para documentar las presuntas violaciones que las autoridades comenten --en colusión con la delincuencia organizada-- a las garantías de los migrantes.

Es por ello que cuestionó que aún y cuando las autoridades correspondientes anuncian “una y otra vez” la profesionalización y depuración del Instituto Nacional de Migración la realidad es totalmente otra. Es una realidad extremadamente peligrosa para las personas que entran por el sur del país, apuntó.

En su oportunidad, Diana Martínez Medrano, de la organización Sin Fronteras, explicó que las modificaciones al artículo 33 de la Constitución deja abierta la posibilidad de que las detenciones de extranjeros se lleven a cabo sin establecer el lugar y el tiempo de duración de la misma, lo que es muy preocupante.

Aunado a ello, precisó, la ausencia de una ley reglamentaria podría ocasionar que la reforma tenga un carácter regresivo, pues aunque en su espíritu tenga la finalidad de garantizar el debido proceso en las expulsiones de extranjeros que pretende llevar a cabo el Ejecutivo federal, sin un reglamento se lograría tener el efecto contrario.

Patricia Zamudio, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, destacó que los avances sobre el respeto y garantías reconocidas por la Ley de Migración se pierden parcialmente, porque el Reglamento dificulta los procedimientos relativos a la verificación migratoria y da mucho espacio a la discrecionalidad que opera en contra de los indocumentados.

Sobre la detención en estaciones migratorias, advirtió que genera un importante impacto psicoemocional, agravado por el uso de cuartos de castigo y que es común que las personas sufran una tortura psicológica derivada de la incertidumbre y el desconocimiento del procedimiento administrativo migratorio.

La desorientación y el lenguaje coercitivo de algunos custodios o del personal del Instituto Nacional de Migración, señaló, parecen orientados a generar miedo y a evitar nuevos intentos de migración, con los cual, en algunos casos, logran debilitar su voluntad.

María Auxiliadora Moreno, de la Universidad de Sonora, dijo que de acuerdo con la Constitución, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, sin espacio para la discrecionalidad, pero el marco legal migratorio contradicen estos principios.

Agregó que tanto en Ley de Migración como en su Reglamento se establece limitantes para que niños y adolescentes puedan acceder a visas humanitarias.