• Necesario, modificar marco legal que reconozca derechos laborales de este sector, en igualdad de condiciones con otros asalariados: Conapred

• Indígenas, niños y niñas migrantes los más afectados

Es necesario fortalecer esquemas institucionales para atender a más de dos millones de trabajadoras domésticas son víctimas de discriminación al no respetarles sus derechos humanos ni laborales, además de ser estereotipadas en un orden tradicional de poder similar al implementado por los españoles en la época de La Colonia.

Lo anterior fue denunciado por investigadores y académicos durante el seminario "La satisfacción de los derechos humanos de colectivos en situación de vulnerabilidad", que organizó el Instituto Belisario Domínguez (IBD).

Al respecto, el senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto, consideró que todas las fuerzas políticas, especialmente la izquierda, deben reivindicar los derechos humanos para hacer de éstos una verdadera cultura.

El legislador perredista hizo notar que el IBD está comprometido en desarrollar una estructuración del sistema jurídico en esta materia.

En tanto, Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, mencionó que Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que toda persona que realice o haya realizado una actividad remunerada adquiere inmediatamente la condición de trabajador y consecuentemente deber adquirir los derechos inherentes a esta condición.

Sin embargo, en el trabajo doméstico existen una serie de derechos que no se cumplen, entre ellos, la estabilidad en el empleo, la indemnización en caso de despido injustificado, el salario suficiente, el pago de horas extras, las prestaciones, el ambiente laboral libre de violencia, vacaciones remuneradas y la seguridad social.

Señaló que en nuestro país, además de ser altamente feminizada esta labor, es la población en situación de discriminación y más aún si son indígena. así como niños, niñas y migrantes.

Ante este escenario, agregó, se requieren modificaciones a las leyes del Seguro Social y Federal del Trabajo, así como la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, a fin de que los derechos laborales de los trabajadores del hogar puedan ser reconocidos en igualdad de condiciones.

Alejandro Encinas Nájera, director general de Investigación Estratégica del IBD, dijo que con este seminario se busca favorecer el análisis para la construcción de un marco jurídico que fomente el respeto a los derechos humanos de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado mexicano.

Se trata, agregó, de revisar la discriminación de la que son víctimas más de dos millones de personas, principalmente mujeres, que se dedican a las labores del hogar, así como de la necesidad de eliminar la figura de detención migratoria por profundizar la condición de vulnerabilidad en que se encuentran los indocumentados al ser privados de su libertad.

Mary Goldsmith, investigadora de la UAM Xochimilco, expuso que las trabajadoras domésticas son víctimas de una discriminación estructural e institucional, donde son explotadas sin recibir un pago justo, además de ser estereotipadas y catalogadas con nombres despectivos y a quienes no se les reconocen los mismos derechos que a otros asalariados.

Dijo que la situación actual es similar a la que se registrada en la época colonial, pues da pie a justificar una jerarquía social, en un orden tradicional de poder, que limita el ejercicio de los derechos humanos más básicos y asegura que unas personas están disponibles para otras para hacer el trabajo que nadie más quiere hacer.

En su turno, Rebeca Ramos investigadora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), comentó que el Estado ha hecho a un lado su papel como regulador en la relación laboral entre patrón y empelada y no pone énfasis en proteger los derechos humanos de las trabajadoras domésticas.