Proponen sancionarlos con una multa de entre cinco mil y diez mil salarios mínimos

En reunión ordinaria, la Comisión de Gobernación, que preside el senador Cristóbal Arias Solís, aprobó cuatro dictámenes que le fueron turnados para su análisis por la Mesa Directiva.

Entre ellos destaca uno que busca incorporar a los servidores públicos al catálogo de sujetos que pueden ser acreedores a una sanción por violación a las leyes electorales, especialmente cuando hagan uso de recursos públicos.

El dictamen pretende evitar la utilización de los cargos públicos para coaccionar o inducir el voto de los ciudadanos, por lo que propone sancionar con una multa de entre cinco mil y diez mil veces el salario mínimo a quien use recursos públicos para la presión, inducción o coacción del voto a electores.

La minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 457, y se adiciona el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, propone lo anterior al considerar que es en los servidores públicos en quienes recae con mayor peso la obligación de respetar y hacer valer las leyes.

La legislación actual prevé las mismas sanciones a diversos sujetos como partidos políticos, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, organizaciones sindicales o concesionarios de radio y televisión; sin embargo, no contempla a los servidores públicos, lo cual abre la posibilidad de que éstos puedan cometer conductas ilícitas que vulneren el régimen electoral.

También, se aprobó un dictamen que busca garantizar el libre acceso y tránsito en las playas mexicanas.

La minuta proyecto de decreto, por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales, establece que el acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre, contigua a ellas, no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado.

El texto señala que aunque constitucional y legalmente las playas mexicanas son públicas y deben permanecer accesibles a todo ciudadano que deseé disfrutarlas, persisten múltiples denuncias de personas que han visto restringido su derecho al goce y disfrute de las mismas.

Para esto, propone sancionar con una multa de entre tres mil y hasta doce mil veces la Unidad de Medida y Actualización a los propietarios de terrenos colindantes o titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino respecto del aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre que por cualquier medio o acto impidan, inhiban, restrinjan, obstaculicen o condicionen el acceso a dichas zonas.

Además, se aprobó un dictamen que pretende formalizar la conmemoración de los sismos de 1985 y 2017, que acontecieron en nuestro país. La minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción II del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales busca que la Bandera Nacional se ice a media asta en los inmuebles de la Federación.