En Mazatlán, Sinaloa, un juez federal, concedió una suspensión provisional a una magistrada de circuito que congela de momento la disposición contenida en la Ley Federal de Remuneraciones para que todos los servidores públicos tengan un salario menor al que percibe el presidente de la República.

Es el primer amparo presentado en contra de la legislación aprobada por el Congreso de la Unión, vigente a partir del ejercicio fiscal 2019, tomando en consideración el salario que percibirá el presidente electo de 108 mil pesos, una vez que tome posesión el próximo 1 de diciembre.

El juez Ramón Lozano expuso que la magistrada Sonia Rojas Castro, al comprobar con diversos documentos su puesto al interior del Poder Judicial de la Federación, cuenta "a nivel subjetivo" con la protección constitucional, para prohibir que se disminuyan sus remuneraciones durante su encargo, pues debe prevalecer su independencia y autonomía para la toma de decisiones judiciales.

Además, sostuvo que través de la suspensión del acto que se reclama, se evita el peligro en la demora, considerando esto como la posible frustración de los derechos de la pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo; pues mientras ello no suceda, su autonomía e independencia en la toma de decisiones judiciales, puede resultar menoscabada.

También detalló que el artículo 94 constitucional establece la irreductibilidad de las remuneraciones de los servidores públicos como ministros de la Suprema Corte, magistrados de Circuito, jueces de Distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, mientras dure su encargo.

El pasado 15 de noviembre, la magistrada Rojas Castro interpuso el amparo en contra de la discusión, aprobación y emisión del decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución y adicionó el Código Penal Federal.

En el texto de su demanda, la magistrada del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de Sinaloa sostiene que con dicha legislación se le vulneran sus derechos contemplados en los artículos 1, 14, 16, 17, 75, 94, 123 y 127 de la Carta Magna.

De acuerdo con documentos judiciales, será el próximo 13 de diciembre cuando se realice la audiencia constitucional y, una vez revisados los informes y argumentos del Congreso de la Unión, se determine si se le concede una nueva suspensión que protegería a la magistrada hasta que el juicio de amparo concluya.