El diputado José Luis Rodríguez citó una investigación periodística que informó que el ministro reportó ingresos entre 2013 y 2017 por 26 millones de pesos, mientras que efectuó depósitos cuatro veces mayores a cuentas bancarias extranjeras.

El Congreso de la Ciudad de México exhortó a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público investigar, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, los hechos imputados a Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pudieran configurar conductas ilícitas.

El diputado José Luis Rodríguez Díaz de León expuso que la SCJN es el máximo tribunal constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación, y que tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido en la Carta Magna y mantener el equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de gobierno a través de sus resoluciones judiciales, además de solucionar de manera definitiva asuntos relevantes para el país.

“Toda vez que imparte justicia en el más alto de los niveles, es decir, el constitucional no existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que puede ejercerse en contra de sus resoluciones”, aseguró.

El legislador del grupo parlamentario de MORENA recordó que el pasado 6 de junio se publicó una nota periodística en El Universal titulada _Los depósitos sospechosos del Ministro Medina Mora_, en la que se informa que el ministro reportó en sus declaraciones anuales de impuestos ingresos entre 2013 y 2017 por 26 millones 38 mil 256 pesos, mientras que efectuó depósitos por cuatro veces esta cantidad a cuentas bancarias en Reino Unido y Estados Unidos, conforme a la Agencia Nacional de Crimen Británica y el Departamento del Tesoro Estadounidense.

“La corrupción y la impunidad son problemas que obstaculizan la vigencia constitucional de cualquier Estado de Derecho. Uno de los problemas principales de la vida pública es este flagelo que genera la impresión de que todos los actos son permisibles y la actuación de los servidores públicos está apegada por muy lejos al marco legal de sus funciones”, expresó el diputado en su presentación del punto de acuerdo.

Resaltó que la Convención Interamericana Contra la Corrupción establece que los Estados deben generar medidas para tipificar en su legislación el enriquecimiento ilícito de servidores públicos como delito, es decir, “el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él”.

En este sentido, indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP tiene la responsabilidad de denunciar ante el Ministerio Público de la Federación las conductas que pudieran favorecer operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Esta proposición con punto de acuerdo fue considerada de urgente y obvia resolución y aprobada por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, quien solicitó a la SHCP investigar a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, en el marco de sus atribuciones, los hechos imputados al ministro Medina Mora Icaza que pudieran configurar conductas ilícitas.