- Garantizar el derecho a la educación de calidad en la entidad, pide senadora Arriola

- En la entidad han sido asesinados 22 maestros, 18 secuestrados y ocho maestras violadas.

Las autoridades federales y del estado de Guerrero deben garantizar que las y los niños de la entidad reciban educación de calidad y, además, que los alumnos y maestros cuenten con pleno goce de seguridad y protección a la vida y a su patrimonio.

Así lo solicitó el Senado de la República, a través de un punto de acuerdo presentado por la senadora Mónica Arriola Gordillo y aprobado por el Pleno, que también pide al gobierno del estado de Guerrero y a las autoridades del municipio de Acapulco formular políticas de atención y reparación del daño a las maestras y maestros que han sido víctimas del delito en el cumplimiento de su labor docente.

Al exponer la propuesta, durante la sesión del pasado 10 de febrero, la legisladora subrayó que la reforma constitucional en materia educativa establece que la educación que imparta el Estado debe ser de calidad; además, es un derecho humano, una escalera de prosperidad, el arma pacífica de los pueblos, el ecualizador más eficiente, el portón a las posibilidades y la llave a la igualdad y al bienestar colectivo.

Expuso que los habitantes de la montaña guerrerense se ven obligados a desplazarse para contratarse como jornaleros agrícolas junto con su familia, lo que lleva a los menores a dejar las escuelas y sus comunidades. Esto, añadió, impone peligrosas condiciones a su formación debido a que a las regiones donde llegan no existen escuelas adecuadas para continuar su educación.

Subrayó que maestras y maestros guerrerenses han padecido inseguridad y violencia, lo que ha obligado a 198 planteles de educación básica a suspender actividades desde una semana antes de las vacaciones de diciembre de 2014. De ellas, lamentó, el 12 de enero pasado sólo pudieron concretar el regreso a clases 40 de ellas.

Al tiempo que hizo un reconocimiento a la labor del Ejército, que ha cuidado los planteles, consideró que eso sólo puede realizarse como una medida precautoria y temporal, ya que las instituciones armadas no pueden cumplir de manera permanente con estas tareas, que corresponden a las autoridades civiles.

Señaló que el titular de Educación de la entidad, Salvador Martínez Della Rocca, reportó que entre noviembre y los primeros días de enero, habían sido asesinados 22 maestros; 18 fueron secuestrados y ocho profesoras habían sido abusadas sexualmente por integrantes de la delincuencia organizada.

Indicó que las y los docentes realizan una labor no solo loable sino fundamental, pues son el motor de nuestro país y lo mínimo que debemos hacer como Estado, consideró, es garantizar la absoluta seguridad en el desempeño de su labor.

Es obligación de todos que las niñas y niños que van a la escuela solo deban concentrarse en sus estudios; y un compromiso del Senado estar atento a que en todas las entidades federativas prevalezca el Estado de Derecho.