_
Los 12 gobernadores emanados del Partido Acción Nacional (PAN) integraron un frente en contra de las políticas de seguridad pública del próximo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Los mandatarios dirigieron una carta abierta al presidente electo, donde expresan su rechazo de supeditar el mecanismo de coordinación en materia de seguridad pública, a quienes serán los coordinadores de los programas federales en las entidades, así como la anunciada propuesta de llevar a los militares a las calles, por medio de la creación de la Guardia Nacional.
En la publicación insertada en medios locales, señalan que la colaboración en materia de seguridad debe ser abordada bajo una óptica estrictamente institucional y blindarla contra componentes y fines político electorales y para hacerla un campo de neutralidad política por encima de diferencias ideológicas.
Los gobernadores Martín Orozco Sandoval de Aguascalientes, Francisco Arturo Vega de Lamadrid de Baja California, Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur, José Rosas Aispuro de Durango, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo de Guanajuato, Antonio Echeverría García de Nayarit y José Antonio Gali Fayad de Puebla, firmaron dicho documento.
Además aparecen Francisco Domínguez Servién de Querétaro, Carlos Joaquín González de Quintana Roo, Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Mauricio Vila Dosal de Yucatán y Javier Corral Jurado de Chihuahua como responsable de la publicación.
“Nos sorprende la intención de supeditar el mecanismo de coordinación a la figura de los llamados “Coordinadores Estatales” del Gobierno federal y colocar a los gobernadores y fiscales de los estados, como meros invitados”, señala la publicación, en que se consideran “desdeñados” por el nuevo Gobierno.
Consideran que esto no sólo pone en riesgo estos objetivos, sino que resulta inconcebible una solución de fondo al problema de la inseguridad y la delincuencia en el país, sin la concurrencia efectiva de los gobiernos estatales.
Fijaron su posicionamiento respecto al papel del Ejército mexicano en la estrategia federal de seguridad pública, pues coinciden en que la función de las Fuerzas Armadas, no es de primeros respondientes, sino que son el último recurso del Estado para preservarse.
“Los primeros respondientes somos quienes fuimos votados por los ciudadanos para velar por su tranquilidad”, explicaron.
No obstante lo anterior, advierten que sus gobiernos colaborarán en el ámbito de su competencia, con las autoridades federales, pero que esta condición no debe ser entendida como sometimiento de los órdenes locales, incluyendo a las autoridades legítima y legalmente elegidas para gobernar, como subrayan, es su caso.
“El país se construye de abajo hacia arriba, desde el espacio local, resolver los problemas requiere conocimiento del territorio, cercanía con la población y atención a las peculiaridades de cada región”, externa el escrito, que reitera, las prioridades regionales deben definirse de forma conjunta, sin que haya una imposición desde el centro del país.
Propusieron establecer políticas de largo plazo e invertir recursos en el reclutamiento, profesionalización y dignificación salarial y gremial para las policías de los distintos niveles, así como fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que el esfuerzo del Estado mexicano en esta materia se oriente a objetivos claros, transparentes, medibles y evaluables.
Reconocen además la contribución que las fuerzas armadas realizan por la seguridad de los mexicanos, pero precisan que la presencia militar responde a una necesidad provocada por la omisión política de construir capacidades civiles.
Sostienen que las Fuerzas Armadas deben participar en auxilio y colaboración de las autoridades competentes en circunstancias especialmente apremiantes, que pongan en riesgo la soberanía e independencia nacional, el orden constitucional, la integridad del pacto federal, la gobernabilidad democrática y la vigencia de los derechos humanos.
