En México la sequía, el desabasto y el costo del agua representan graves problemas sociales y económicos que, a su vez, implican un riesgo de ingobernabilidad. Ante ello el Senado de la República prepara una nueva ley general que permita resolver dichas problemáticas, anunció el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de este órgano legislativo, Aarón Irízar López.

El objetivo es establecer un marco jurídico para sancionar a quienes desperdicien el agua, regular los mecanismos de construcción de casas para establecer tecnología de ahorro, y controlar el costo en que se vende el vital líquido, sea de forma embotellada o mediante pipas.

En entrevista, el legislador priísta expuso que el tema del agua “es fundamental en la vida de cualquier país y cualquier gobierno que no lo ponga en su agenda como un asunto fundamental, es un país que está en el error”.

Esto, expuso, ante las grandes implicaciones que tiene el vital líquido: “En una región que falta agua y que se queda sin agua, es una región que va a desaparecer; el agua puede ser un factor de conflictos, puede ser un factor de ingobernabilidad. Por eso la sociedad y el gobierno tienen que estar atentos”.

El senador recordó que el Senado ha realizado diversos foros y consultas “que permitan definir políticas públicas, decisiones de gobierno, voluntades ciudadanas, para cuidar este importante líquido en este país”.

Apuntó que una de las principales preocupaciones es el desperdicio: “En la agricultura, que es la fuente primaria más importante de este país, se desperdicia aproximadamente un 60 por ciento del agua”.

En las ciudades, prosiguió, el desperdicio varía entre 12 y 14 por ciento, y se debe principalmente al uso de agua potable para lavar autos y calles, regar jardines y el baño de las personas.

Este desperdicio es notable si se considera que 77 por ciento del agua se asigna principalmente a la agricultura, 14 por ciento para el consumo humano en las ciudades y cinco por ciento para uso industrial.

“Se desperdicia por malas actitudes, por no tener sistemas de conducción modernos o por sistemas de cultivos no eficientadores, México requiere ir con prisa y con certeza para cuidar el agua en ese entorno agropecuario; pero también debemos ir en dirección correcta para que el gobierno federal, en conjunción con los gobiernos de los estados, impulsen obras y programas que permitan el cuidado del agua”, subrayó Irízar.

Lo anterior implica, advirtió, reconstruir el marco jurídico “para dar precisión de que el agua vale y que entre más ausente esté, es más cara; debemos mejorar nuestro marco jurídico para sancionar a quien desperdicie irresponsablemente este vital líquido”.

En la nueva ley, prosiguió, es necesario incluso modificar el sistema de construcción de vivienda, hoteles y hospitales, para que se incluyan métodos de reciclaje y otros mecanismos de ahorro de agua.

“Ya hay metodologías de construcción de artículos que permiten ya no usar agua. Usan ciertos componentes químicos renovables que ya no consumen agua. En México todavía eso es escaso”, apuntó.

Además, concluyó, la nueva ley debe regular la venta mediante pipas e incluso la del agua embotellada, pues “el agua es un derecho constitucional al que tienen todos los mexicanos y su comercialización se debe revisar, pues cada vez vemos que este líquido es más caro y cada día es una necesidad de más alto consumo. Hoy es más cara una botellita de agua, a veces, que un litro de gasolina”.