• También solicita resguardo de Teresa Ulloa Ziáurriz

• Requiere informe sobre avances de la indagatoria

La Comisión Permanente solicitó al procurador general del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, que en el ámbito de sus facultades, otorgue protección a las personas que intervienen en la averiguación previa relacionada con una presunta red de prostitución operada por el ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

La asamblea expresó su preocupación por la integridad de la maestra Teresa Ulloa Ziáurriz, directora de la Coalición Regional contra la Trata de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, por lo que solicitó a Ríos Garza que le brinde la protección necesaria en los términos que establece la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal.

De igual modo, el pleno le requirió que informe sobre los avances de este caso, sin vulnerar el principio de reserva y confidencialidad de tales actuaciones, a fin de que pueda “dar luz a los legisladores para realizar el seguimiento informado que tienen encomendado constitucionalmente”.

En el dictamen, los proponentes de este exhorto señalaron que el tema, dado a conocer mediante una investigación periodística, “es sólo la punta del iceberg de una situación que lamentablemente viven miles de mujeres y niñas en el DF y en el país”.

Se subraya en el documento: “a raíz de la presunta red de prostitución operada por el presidente con licencia del Partido Revolucionario Institucional en el DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, sale a la luz pública un grave problema como lo es la trata de personas y la explotación sexual”.

En razón de ello, es muy importante que las autoridades actúen de manera diligente ante casos como el dado a conocer por la investigación periodística, y que ha llamado la atención a nivel nacional e internacional, por lo que se debe dar certeza jurídica a las víctimas y garantizar que las autoridades competentes actúen y se resuelvan lo conducente conforme a derecho.

Se considera que en los casos dados a conocer se configuran muchos elementos contemplados en la ley para que se considere el delito de trata de personas y explotación de la prostitución ajena, como el abuso de poder y la publicidad engañosa, de ahí que se tiene que proceder de oficio sin mediar denuncias.

Por otra parte, se explica que se han hecho públicas declaraciones en contra de Teresa Ulloa, quien ha dado seguimiento al caso para proteger a las posibles víctimas de esta presunta red de trata, por lo que es necesario extender la garantía de protección y seguridad a esta defensora, sus colaboradores, y familiares, pues han sido difamadas, intimidadas y presionadas para que desistan de su defensa y protección de las víctimas.

El documento refiere que existe “una estrategia deliberada que busca desprestigiar a la maestra Teresa Ulloa Ziáurriz” y donde están involucradas Aída Beltrán, presidenta del PRI en Azcapotzalco, y de Leticia Álvarez, titular de ese partido en la delegación Cuauhtémoc, lo que coloca a la defensora y a sus colaboradoras “en un estado de mayor riesgo y alta vulnerabilidad”.

Piden paridad de género en los congresos locales

También el Pleno hizo un llamado a los congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que incorporen, en sus legislaciones, el principio de paridad entre hombres y mujeres en materia electoral.

Los legisladores expusieron que la reforma constitucional en materia político-electoral modificó de manera sustancial la correlación entre los ordenamientos locales y federales en esta materia, a fin de que impere en los estados la paridad de género específicamente en el ámbito legislativo.

Hicieron notar la importancia de garantizar la equidad de género entre hombres y mujeres no sólo en lo electoral, sino en todos los ámbitos de la vida social y política de nuestro país.

Consideraron fundamental que se armonice el marco jurídico de los estados en relación con la reforma político-electoral, a efecto de contar con una completa congruencia entre los esquemas jurídico-electorales, federales y estatales.