El Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la UNAM presentó un proyecto de reforma al Ministerio Público (MP), que busca dotarlo de alta calidad profesional en sus tareas de investigación y persecución del delito.

En conferencia de medios, Luis de la Barreda Solórzano, coordinador del PUDH, anunció que la propuesta se realizó a partir de un diagnóstico del estado actual de esa representación social. El documento fue enviado hace unos días al presidente de la República y a todos los gobernadores y fiscales, así como a los presidentes de las comisiones de justicia del Congreso de la Unión y de los congresos estatales.

Acompañado por José Antonio Aguilar Valdés, secretario académico del PUDH, De la Barreda explicó que la propuesta contiene acciones claras, concretas, precisas, detalladas, viables y eficaces para superar los vicios de ese organismo.

El también expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal indicó que la estructura de esa instancia debe contar con cuatro componentes: fiscales o agentes del Ministerio Público; policía de investigación sólidamente preparada para investigar los delitos, y tan confiable que pueda recibir denuncias, incluso desde una tableta; un instituto nacional de ciencias forenses con autonomía; y un consejo de procuración de justicia que supervise lo que hace el MP y que proponga medidas de mejora continua.

Por la función tan importante que realiza, el MP debe ser altamente profesional. Para ello se requiere de una selección rigurosa de quienes ingresan a la institución, con exámenes de conocimientos y psicológico; con una formación a fondo (más allá de ser abogado), mediante un curso de cuatro semestres y mil 280 horas de clase. “Los que aspiren a ser policías de investigación o peritos también deben prepararse y seguir estudiando siempre”, subrayó el universitario.

Hoy el MP –federal y de las entidades– es una institución ineficaz, donde son frecuentes las corruptelas, abusos, falsas acusaciones y la falta de vocación de servicio de quienes ahí laboran. Esa instancia pone a disposición de un juez a menos de dos presuntos homicidas por cada 10 asesinatos, afirmó De la Barreda.

Tiene mala organización y gran ineficacia. No se cuenta con un MP que cumpla su importante función para el Estado de derecho y la ciudadanía: la procuración de justicia recta, eficaz y expedita, dijo.

La propuesta también incluye salarios decorosos, acordes con la importancia y riesgo que implica realizar ese trabajo. “Los fiscales deben ganar 75 por ciento de lo que gane el fiscal general, y los policías de investigación y peritos, no menos del 75 por ciento de lo que gana el agente del Ministerio Público. Asimismo, deben tener jornadas laborales máximas de ocho horas”.

En tanto, José Antonio Aguilar Valdés añadió que otra de las propuestas es que los servicios periciales sean autónomos, lo mismo que el instituto nacional de ciencias forenses, que rinda dictámenes y que cuente con un departamento especializado en la cuantificación de daños, “porque rara vez se le reparan a las víctimas”.

Recordó la “atroz situación” del MP y el olvido ancestral en el que ha permanecido, a pesar de la reforma constitucional de 2008, que ordenaba la transformación de las policías y del propio Ministerio. “Para ello se dio un plazo de ocho años, pero poco se hizo y se descubrió que muchos gobernadores habían desviado los recursos a otros programas, o que lo robaron descaradamente”.

Se ha hablado de un recorte de 10 por ciento al presupuesto de la Fiscalía General de la República, cuando quizá habría que triplicarlo, consideró el experto universitario.

Los integrantes del PUDH señalaron que estas acciones, y otras más que contiene el documento, se pueden comenzar a poner en práctica de inmediato. La seguridad pública y la procuración de justicia son temas de la mayor importancia y estas medidas podrían iniciarse hoy mismo, ponerse íntegramente en práctica en el mediano plazo –uno o dos años–, y dar resultados un poco más adelante.

“Hay que hacer un presupuesto, liberar recursos y ponerse a trabajar con los expertos, para que se vayan resolviendo los problemas”, expuso Aguilar.

Un ejemplo de la posible instrumentación de las acciones sería la dotación de tabletas a los policías. No sería demasiado oneroso, pues estas herramientas se han ido abaratando y se tendría la ventaja de que las víctimas no tendrían que esperar más de seis horas en las oficinas para presentar su denuncia. Finalmente, De la Barreda remarcó que “es absurdo que se siga actuando con procedimientos del paleolítico para asuntos tan delicados, como es la procuración de justicia”.