Impulsada por la Función Pública, esta ley se publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación y entra en vigor a partir de mañana 20 de noviembre.

La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros afirma que la Función Pública será garante del cumplimiento de esta nueva ley a través de sus 213 Órganos Internos de Control de la APF y de las Unidades de Responsabilidades de las empresas productivas del Estado.

Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, celebró la entrada en vigor a partir de mañana 20 de noviembre de la Ley Federal de Austeridad Republicana, “un compromiso del Gobierno de México para acabar con el dispendio y la corrupción, prevenir los conflictos de interés y fortalecer el gasto social”.

Esta ley cumple con el objetivo revolucionario del desarrollo”.

Publicada hoy en el Diario Oficial de la Federación, la nueva ley frena el derroche, separa el interés público del privado y prohíbe de manera expresa afectar negativamente los derechos sociales, como educación, salud y bienestar social, previstos en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por México.

Esto significa que, a diferencia de la austeridad neoliberal, en la Ley Federal de Austeridad Republicana hay una lógica de progresividad de los derechos sociales, sin afectar el gasto social. “Por el contrario, la austeridad republicana generará más recursos para servicios médicos y otros”, advirtió.

La secretaria Sandoval Ballesteros manifestó que instruyó a los 213 Órganos Internos de Control y las dos Unidades de Responsabilidades de las empresas productivas del Estado, que son el sistema nervioso de la Función Pública, a ser los garantes del cumplimiento de esta nueva ley en toda la Administración Pública Federal.

Además, establece un periodo mínimo de 10 años para que las y los altos servidores públicos, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no puedan ocupar puestos en empresas que hayan supervisado o regulado, con la finalidad de impedir la entrega a éstas de información privilegiada que hayan obtenido en el ejercicio de su cargo público.

Asimismo, prohíbe la autorización de pensiones de retiro al titular del Ejecutivo Federal adicionales a la provista por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado correspondiente al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

De igual forma, obliga a la Administración Pública Federal a eliminar la duplicidad de funciones y las plazas con nivel de Dirección General Adjunta que no ejerzan facultades contempladas expresamente en la normatividad.

También, impide la constitución o celebración de fideicomisos en materia de salud, educación, procuración de justicia, seguridad social, y seguridad pública, así como contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones, regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, o seguros de gastos médicos privados con cargo al erario público.