La Secretaría de Educación Pública por conducto de la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la Oficialía Mayor, reiteró que en el caso de Oaxaca, tiene el compromiso de revisar, conciliar y reconocer sólo los trámites administrativos del personal que le reporte el Gobierno del Estado.

Recordó que el gobierno de Oaxaca deberá realizar dichos trámites administrativos del personal que se encuentra en tránsito y rezagados, a fin de hacerlos del conocimiento de la autoridad educativa federal.

La SEP informó, además, que la revisión, conciliación y reconocimiento de estos trámites, se harán también con el resto de las entidades federativas.

El Gobierno Federal pagó la nómina educativa, correspondiente a la primera quincena de 2015, a nivel nacional, por cuenta y orden de los gobiernos de los estados y, en el marco del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), con base en el proceso de conciliación de la nómina con las entidades y con respeto a todos los derechos de los trabajadores de la educación federalizados.

Cada entidad federativa, bajo su responsabilidad, en su calidad de responsable de la relación laboral, y en el marco del derecho, enviaron sus nóminas y plazas, que les fueron conferidas en 1992, con el propósito de que fueran conciliadas, a el fin de registrar cada uno de los sueldos y prestaciones que les corresponden a cada una de ellas.

Así, hoy en día se tiene la conciliación con los 31 estados de la República, incluyendo Michoacán, Guerrero, Chiapas, Oaxaca; por lo que el personal federalizado, de todas las entidades, recibieron puntualmente sus emolumentos. Con fundamento en la Ley de Coordinación Fiscal, se efectuó el pago a 918 mil 222 servidores públicos, que ocupan plazas registradas y conciliadas en el FONE, y cuentan con la constancia de nombramiento. Respecto a los 48 mil 422 casos en aclaración, se resolverá su situación, en cuanto los gobiernos estales envíen la información correspondiente.

El FONE, destacó esa Dirección General de la SEP, materializa uno de los propósitos de la Reforma Educativa, impulsada por el Gobierno de la República, el de vigilar la transparencia y la rendición de cuentas sobre el origen y destino de los recursos que se destinan al sector.