El Acuerdo Bicentenario aprobado entre los gobiernos de México y Estados Unidos constituye una veta de oportunidad para asegurar que el tema migratorio irregular se atienda desde el origen de sus causas y de manera integral, lo que tendrá que resultar en la disminución de la movilidad humana, señaló la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Constanza Tort San Román.

Al participar en la presentación del estudio ‘La infancia cuenta en México. Frontera Sur’, realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en el marco de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en el Senado de la República, enfatizó que, entre enero y agosto de 2021, se tiene registro de 27 mil 861 niñas, niños y adolescentes presentados ante la autoridad migratoria, “casi triplicando al total de los que fueron registrados en todo 2020, que fue de 11 mil 262 menores de 17 años”.

Estos datos, indicó Constanza Tort San Román, no son suficientes para lograr la sensibilización de la población, por lo que estudios como el que presenta la Redim son importantes, tanto que visibilizan las causas que originan la movilidad humana como la falta de acceso a educación y salud. “Repercuten –subrayó– de manera importante en la decisión de huir de la pobreza, desigualdad, falta de oportunidades y de la violencia”.

Apuntó que las condiciones que enfrentan niñas, niños y adolescentes migrantes, desplazados o refugiados, “siempre se traduce en la pérdida de su hogar, de su entorno social, y no pocas veces, de su propia familia, y en su trayecto hacia un lugar mejor o menos hostil, o con mejores oportunidades, estas niñas y niños quedan expuestos a situaciones de extrema vulnerabilidad y peligrosidad, son discriminados, maltratados y son víctimas fáciles de muchos delitos”.

Por ello, mencionó la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna, fue necesario desarrollar políticas públicas y medidas de protección específicas para ofrecerles alternativas viables.

México –dijo– no ha sido la excepción en el avance legislativo en la región, “la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, protección complementaria y asilo político, constituyeron instrumentos de vanguardia en materia del respeto a los derechos humanos”.

Recalcó que éstas fueron fortalecidas con la reciente prohibición de alojar a niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad en estaciones migratorias, y la elaboración de un componente de operatividad en contextos de emergencia que orienta a las y los servidores públicos sobre qué hacer, antes, durante y después de un evento extraordinario.

Finalmente, en el foro virtual encabezado por la presidenta de dicha comisión en el Senado de la República, Josefina Vázquez Mota, la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna afirmó que se hace indispensable contar con un poder público que reconozca a la niñez el papel prioritario que le corresponde en la agenda nacional, y que pueda ser debidamente coordinado y articulado en este tema por una entidad especialmente concebida y diseñada para ello.