El subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera, destacó el impacto del Acuerdo Nacional para una República Rural Justa y Soberana, conocido como Acuerdo de Chinameca, firmado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo y 24 organizaciones campesinas, indígenas y afromexicanas. Este pacto, resultado de un extenso proceso de consenso, se presenta como el eje rector del desarrollo rural en México y garantiza la continuidad de la Cuarta Transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018.

Este acuerdo, pactado en Chinameca, Morelos, es el único firmado por Sheinbaum con un sector de la sociedad, lo que, según Suárez Carrera, asegura que la política de transformación hacia el campo continuará. La agenda del Acuerdo se centra en tres ejes fundamentales: la aprobación de reformas constitucionales para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, la elevación a rango constitucional de los programas de Bienestar y apoyo a pequeños productores, y la prohibición del maíz transgénico para consumo humano. Además, promueve una transición hacia la agroecología y el abandono del modelo neoliberal en la agricultura.

Durante la conferencia 59 del Ciclo de Autosuficiencia Alimentaria e Innovación Tecnológica con Prácticas Sustentables, Armando Bartra Vergés, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), destacó que la soberanía alimentaria debe seguir siendo el eje rector del desarrollo rural. Bartra subrayó la importancia de un plan hídrico nacional y el reconocimiento pleno de los derechos campesinos y de justicia para los jornaleros. Este acuerdo, agregó, es crucial para fortalecer y regularizar la propiedad social de la tierra.

Leticia López Zepeda, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, informó que el Acuerdo fue suscrito por un conjunto amplio y plural de organizaciones que habitan en más de la mitad del territorio nacional. Estas organizaciones resguardan la propiedad social de la tierra a través de 32 mil ejidos y comunidades que albergan la mayor parte de los recursos naturales de México. López Zepeda resaltó que estas entidades son herederas de las luchas de resistencia indígena y campesina, y su papel es fundamental para la identidad y la soberanía alimentaria del país.

La presidenta del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, Janeth del Rosario Cruz Gómez, enfatizó que la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas es una demanda y un sentir de los pueblos originarios. Esta reforma busca reconocerlos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En el contexto del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, se subrayó la necesidad de rediseñar las instituciones rurales y los tribunales agrarios para responder adecuadamente a las realidades del campo y garantizar la autosuficiencia alimentaria.