La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, reconoce al Congreso de la Unión por la aprobación de la Ley de Amnistía, la cual permitirá la liberación de personas adultas mayores o que estén enfermas y no estén recluidas por delitos graves.

Toda persona privada de la libertad debe recibir trato humano y respeto a sus derechos y garantías fundamentales como son la vida, la integridad personal y el acceso a la justicia.

En el contexto de la pandemia de COVID-19 esta ley adquiere aún más relevancia debido a que su correcta aplicación ayudará a reducir riesgos de contagio en centros penitenciarios federales, además de alentar a las entidades federativas a adoptar medidas similares.

Dicha ley en su artículo 1 estipula que “se decreta amnistía en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme, ante los tribunales del orden federal, siempre que no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas, por los delitos cometidos antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley”.

Asimismo, el artículo 2 establece que “no se concederá el beneficio de esta Ley a quienes hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal, salvo lo establecido en el artículo 1, fracciones I y II de esta Ley; ni a quienes hayan cometido el delito de secuestro, o cuando hayan utilizado en la comisión del delito armas de fuego […], tampoco se podrán beneficiar las personas indiciadas por los delitos a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o el que haya cometido otros delitos graves del orden federal”.

La Ley de Amnistía es un paso positivo que debe enmarcarse en la discusión sobre la transformación del sistema de justicia y se inserta en una serie de medidas previstas en la legislación mexicana para prevenir los contagios que ya se han comenzado a aplicar en las entidades federativas como medidas alternativas a la privación de la libertad, libertades anticipadas y beneficios de preliberación.