La Secretaría de Gobernación por conducto de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), así como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dio a conocer el ‘Diagnóstico sobre movilidad humana’ con énfasis en la implementación de las leyes estatales sobre desplazamiento forzado interno (DFI) en los estados de Chiapas, Guerrero y Sinaloa.

El documento destaca que, en 2019 el Gobierno de México reconoció de manera oficial la existencia del DFI, asumiendo el compromiso del Estado mexicano para prevenir, atender y reparar integralmente las vulnerabilidades a los derechos humanos que las personas han sufrido por causa de su situación.

De acuerdo con las cifras del Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) en México, los desastres fueron la principal causa de DFI en 2020, provocando 101 mil nuevos desplazamientos, la mayoría de éstos fueron el resultado del huracán Delta que impactó en octubre, afectando principalmente a los estados de Quintana Roo y Yucatán; la violencia criminal e intercomunitaria dejó 9 mil 700 desplazamientos.

Otras causas que están generando este fenómeno en los países de la región se vinculan a proyectos de desarrollo de gran escala, los cuales afectan principalmente a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, así como los efectos del cambio climático y desastres naturales.