El Gobierno de México informó que la investigación del caso Ayotzinapa avanza con cuatro nuevas líneas de trabajo derivadas del reanálisis de documentos y registros telefónicos, con una metodología que incorpora elementos técnicos y científicos para esclarecer los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. El anuncio se dio en una conferencia en la que participaron el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina, y el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR), Mauricio Pazarán.

La primera línea corresponde al análisis de comunicaciones, que permitió identificar patrones no conocidos de 17 nuevos objetivos que ahora son sujetos de investigación, así como reconstruir vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias. Entre los hallazgos se detectaron llamadas entre miembros de esa organización criminal y personal de establecimientos funerarios y del sector salud. Una de las personas investigadas y su familia eran propietarias de funerarias, concesionarias del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala y participaban en la administración de un panteón.

De acuerdo con la información presentada, en agosto de 2025 se estableció que el dueño de la funeraria utilizó el teléfono perteneciente a un estudiante. Esto motivó diversas acciones en octubre de ese año, entre ellas cateos a las instalaciones de las funerarias y el SEMEFO local, donde se localizó un fémur humano, un arma de fuego, documentación y un horno crematorio sin registro oficial, así como irregularidades graves en la operación del SEMEFO. Lo anterior derivó en acciones de búsqueda en el SEMEFO de marzo a junio de 2026, que permitieron recuperar 23 indicios, entre ellos cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y documentos, los cuales permanecen bajo análisis pericial para determinar su naturaleza y posibles coincidencias con personas desaparecidas. Por petición de las madres y padres, se dio intervención al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para reforzar los estudios.

La segunda línea es el análisis de la información de tres equipos telefónicos de los estudiantes, en específico la cadena de usuarios posteriores a la desaparición. En uno de los casos permitió ejercer acción penal y el 24 de agosto de 2026 se libró una orden de aprehensión contra un exservidor público de Iguala por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas. Otro equipo telefónico de un estudiante fue utilizado por un policía municipal de Iguala, quien registró actividad la noche de los hechos, por lo que su participación se encuentra bajo investigación. La revisión del tercer dispositivo refuerza la hipótesis de que algunos estudiantes fueron trasladados a la barandilla municipal, pues el usuario posterior a la desaparición se trata de personas cercanas a un exservidor público de Iguala adscrito a esa dependencia, lo que contradice lo declarado por José Ulises “N”, exjuez de barandilla, a la entonces PGR.

La tercera línea deriva del reanálisis documental de los expedientes y permitió identificar a una persona que participó en los hechos, teniendo en esa temporalidad 14 años, y que no había sido identificada hasta este momento. De la declaración que rindió el 30 de julio de 2026, se obtuvo información que refuerza las imputaciones a miembros de la organización criminal Guerreros Unidos.

La cuarta línea se relaciona con el ocultamiento de las videograbaciones generadas por las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, lo que permitió reconstruir parte de las decisiones de servidores públicos de alto nivel relacionadas con el ocultamiento del material. Esto derivó en la detención de la exmagistrada presidenta del Tribunal y de la exvisitadora del mismo órgano jurisdiccional, quienes actualmente se encuentran sujetas a proceso penal. Con lo declarado por estas exservidoras públicas y vinculado a nuevos elementos, se sustentó la detención del exgobernador de Guerrero el 6 de agosto de 2026, por el delito de desaparición forzada de personas en agravio de los 43 estudiantes.

Respecto a la participación de expertos internacionales, se detalló que existe una ruta de colaboración con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual propondrá a estos especialistas. Las autoridades señalaron que las madres y los padres de los 43 jóvenes continúan en el centro del proceso, y que la prioridad es encontrarlos, esclarecer lo ocurrido y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

Entre las acciones inmediatas a seguir, se informó que se mantendrá y ampliará la búsqueda de los estudiantes; se profundizará la indagatoria de la línea de las videograbaciones, su destino y la participación de diversas personas, incluidos funcionarios de aquel momento; se profundizará la investigación de la línea de la funeraria y el SEMEFO; y se mantendrá el diálogo y la atención a las madres y padres de los jóvenes desaparecidos, garantizando sus derechos a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.