El Gobierno del Estado de Chihuahua solicitó de manera respetuosa al Gobierno Federal fortalecer su intervención en el municipio de Guadalupe y Calvo, ante el incremento de la violencia que ha provocado el desplazamiento forzado de familias en la Sierra Tarahumara. La petición fue presentada en conferencia de prensa por el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas e integrante de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, Enrique Rascón Carrillo, quien explicó que el desplazamiento forzado en la entidad es consecuencia de la disputa territorial entre grupos del crimen organizado, situación que ha obligado a un gran número de familias, principalmente indígenas, a abandonar sus hogares.

Rascón Carrillo precisó que, si bien el combate al crimen organizado corresponde constitucionalmente al Gobierno Federal, el Estado ha asumido su responsabilidad mediante acciones presupuestales, operativas y humanitarias para atender a las personas desplazadas y proteger sus derechos. No obstante, advirtió que la magnitud del problema exige una mayor participación de la Federación, por lo que presentó cinco propuestas para fortalecer la coordinación institucional.

Entre las propuestas destacan: incorporar el desplazamiento forzado interno como tema permanente en las Mesas de Construcción de la Paz del Gobierno Federal; integrar este fenómeno a la agenda del Gabinete del Bienestar para reforzar la atención en alimentación, salud, vivienda y educación; fortalecer de manera permanente la estrategia federal de seguridad en los municipios serranos, mediante la atención a las causas, la desarticulación de las estructuras criminales y la detención de objetivos prioritarios; restablecer los servicios federales en las comunidades afectadas, particularmente en materia de salud, energía eléctrica, abasto e inspección forestal para combatir la tala ilegal; y destinar recursos específicos para la atención del desplazamiento forzado interno en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por su parte, la subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos, Sahara Cárdenas, y la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, Norma Ledezma, expusieron las acciones implementadas para atender a las familias. Destacaron la activación de mecanismos de acompañamiento y asistencia a través de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno y la habilitación de albergues temporales, así como la entrega de alimentos, atención médica y artículos de primera necesidad. También apoyo psicológico y jurídico; la restitución de documentos personales, vinculación a programas de integración social y laboral, y acompañamiento para lograr un retorno seguro cuando existan las condiciones de seguridad necesarias.

Las funcionarias subrayaron que la atención estatal no se limita a responder a la emergencia, sino que busca restituir los derechos de las personas afectadas y ofrecerles condiciones para reconstruir su proyecto de vida. El Gobierno del Estado reiteró que continuará cumpliendo con su responsabilidad de atender la crisis humanitaria, brindar protección a las familias desplazadas y fortalecer la presencia institucional en la Sierra Tarahumara. Asimismo, refrendó su disposición para trabajar de manera coordinada con la Federación y los municipios, con el objetivo de recuperar la paz, garantizar el respeto a los derechos humanos y generar las condiciones para que las familias puedan regresar de forma segura y digna a sus comunidades.