Las medidas de confinamiento son necesarias para prevenir la propagación la COVID-19, pero han incrementado el riesgo de niñas y mujeres de ser víctimas de violencia psicológica, física, sexual, económica y feminicida por parte de parejas, padres, hermanos e hijos, entre otros integrantes de la esfera familiar, afirmó Aimeé Vega Montiel, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM.

La universitaria destacó que de acuerdo con la Red Nacional de Refugios A.C., las llamadas atendidas por ese organismo durante el mes de marzo por violencia de género, fueron 155 mil 614, un promedio diario de tres mil 729 mujeres que pidieron auxilio.

Esta situación deriva de la cultura machista, que asociada a la inestabilidad económica que representa la emergencia sanitaria, incrementa la tensión en los hogares y maximiza la vulnerabilidad de ellas, explicó.

Además, el riesgo de violencia se agrava por la suspensión de labores en algunas áreas del Poder Judicial; “eso nos ha alertado por la ausencia de un plan de contingencia para las autoridades, enfocado particularmente a niñas y mujeres”.

“A estos problemas se aúna la pobreza; según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 32 millones de mujeres tienen ingresos inferiores a la línea de pobreza, y 27 millones se encuentran en esa situación”, refirió Vega Montiel.

Tras resaltar que 92 por ciento de las personas que trabajan en la informalidad en México son mujeres, la universitaria señaló que el llamado para quedarse en casa no ha considerado a quienes dependen de su salida al espacio público para comercializar sus productos u ofrecer sus servicios.

Otro aspecto es la inseguridad alimentaria, pues la pérdida de empleos ha dejado a muchas mujeres sin recursos para adquirir comida; además, algunas carecen de acceso al agua para la limpieza diaria.

Asimismo, expuso que otra violencia a la que están expuestas las mujeres, en México y diversas partes del mundo, es la fragilidad de las condiciones en que operan si son personal médico en hospitales públicos.

En estos momentos más que nunca es evidente la vigencia de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, “hoja de ruta desde 1995 para impulsar la igualdad de género. Es urgente que los gobiernos garanticen los recursos para un plan integral que ponga al centro a niñas y mujeres.

“Este plan debe fortalecer las medidas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra ellas, lo que incluye transferir a la brevedad recursos financieros para la operación de refugios, bajo la responsabilidad de organismos de la sociedad civil”.

Además, concluyó Aimeé Vega Montiel, se les debe garantizar una vida digna en el marco de esta contingencia sanitaria, asegurando su acceso a servicios sanitarios, ingresos económicos, alimentación, agua, y educación, entre otros rubros.