El bloqueo de cuentas debe estar plenamente definido en la ley
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por mayoría de votos que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede ordenar el congelamiento de cuentas bancarias sin necesidad de un procedimiento judicial previo. Durante la sesión pública del Pleno, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa se manifestó en contra del proyecto al considerar que la normativa vigente resulta indeterminada, pues no especifica con claridad las conductas que ameritan una medida de ese impacto. La Ministra sostuvo que los gobernados requieren conocer con precisión los parámetros que definen quién puede ser sujeto de dicha restricción. En un Estado democrático, toda acción contra el crimen debe estar definida en la Constitución, enfatizó. Asimismo, señaló que los jueces penales ya están obligados a resolver de forma inmediata las solicitudes de las autoridades investigadoras, por lo que exigir una intervención judicial previa no genera impunidad, sino que fortalece el control constitucional para prevenir el lavado de dinero. Votaron a favor los Ministros Herrerías Guerra, Espinoza Betanzo, Ríos González, Aguilar Ortíz, Batres Guadarrama y Ortíz Ahlf; en contra, la Ministra Esquivel Mossa y los Ministros Guerrero García y Figueroa Mejía.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por mayoría de votos que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede ordenar el congelamiento de cuentas bancarias sin necesidad de un procedimiento judicial previo. Durante la sesión pública del Pleno, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa se manifestó en contra del proyecto al considerar que la normativa vigente resulta indeterminada, pues no especifica con claridad las conductas que ameritan una medida de ese impacto. La Ministra sostuvo que los gobernados requieren conocer con precisión los parámetros que definen quién puede ser sujeto de dicha restricción. En un Estado democrático, toda acción contra el crimen debe estar definida en la Constitución, enfatizó. Asimismo, señaló que los jueces penales ya están obligados a resolver de forma inmediata las solicitudes de las autoridades investigadoras, por lo que exigir una intervención judicial previa no genera impunidad, sino que fortalece el control constitucional para prevenir el lavado de dinero. Votaron a favor los Ministros Herrerías Guerra, Espinoza Betanzo, Ríos González, Aguilar Ortíz, Batres Guadarrama y Ortíz Ahlf; en contra, la Ministra Esquivel Mossa y los Ministros Guerrero García y Figueroa Mejía.