Estabilidad en el cargo, garantía para la independencia judicial, sostiene Yasmín Esquivel
_ El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó este 16 de abril de 2026 la revisión en incidente de suspensión 5/2025, relacionada con la negativa a un magistrado para continuar en su puesto dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La Ministra Yasmín Esquivel Mossa se pronunció en contra del proyecto de resolución y respaldó la suspensión definitiva otorgada por una juzgadora de distrito, al considerar que la estabilidad de las personas juzgadoras constituye una salvaguarda para la sociedad.
La Ministra recordó un precedente de la Segunda Sala del Alto Tribunal, conforme al artículo 1° constitucional, que reconoció el derecho de quienes fueron nombrados magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y obtuvieron una evaluación favorable calificada por el propio tribunal en el desempeño de su función, cumpliendo con los requisitos legales para continuar en el cargo.
Esquivel Mossa precisó que, aunque el quejoso impugnó el oficio que le negaba la designación como magistrado de Sala Regional, aún debe resolverse en el juicio de control constitucional si dicha determinación está fundada y motivada. Mientras eso ocurre, la medida cautelar genera sus efectos, consistentes en suspender los actos reclamados para proteger los derechos humanos que se estiman vulnerados.
La ministra refirió que el quejoso cuenta con una calificación positiva en su desempeño como juzgador, lo que permite concluir que la sociedad se beneficia con su continuidad en el cargo, al haber demostrado cumplir con las exigencias propias de la administración de justicia. Además, resaltó el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según el cual de la independencia judicial se derivan las garantías de estabilidad e inamovilidad en el cargo, un adecuado proceso de nombramiento y la protección contra presiones externas, beneficios que no solo corresponden al quejoso sino principalmente al pueblo.
La Ministra recordó un precedente de la Segunda Sala del Alto Tribunal, conforme al artículo 1° constitucional, que reconoció el derecho de quienes fueron nombrados magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y obtuvieron una evaluación favorable calificada por el propio tribunal en el desempeño de su función, cumpliendo con los requisitos legales para continuar en el cargo.
Esquivel Mossa precisó que, aunque el quejoso impugnó el oficio que le negaba la designación como magistrado de Sala Regional, aún debe resolverse en el juicio de control constitucional si dicha determinación está fundada y motivada. Mientras eso ocurre, la medida cautelar genera sus efectos, consistentes en suspender los actos reclamados para proteger los derechos humanos que se estiman vulnerados.
La ministra refirió que el quejoso cuenta con una calificación positiva en su desempeño como juzgador, lo que permite concluir que la sociedad se beneficia con su continuidad en el cargo, al haber demostrado cumplir con las exigencias propias de la administración de justicia. Además, resaltó el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según el cual de la independencia judicial se derivan las garantías de estabilidad e inamovilidad en el cargo, un adecuado proceso de nombramiento y la protección contra presiones externas, beneficios que no solo corresponden al quejoso sino principalmente al pueblo.
