A partir del 3 de noviembre de 2026 entró en vigor en México la regulación que restringe el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales personales en todas las escuelas públicas y privadas del país. La medida, impulsada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) bajo la dirección del secretario Mario Delgado, busca mejorar la concentración de los estudiantes, fomentar la convivencia escolar y promover un uso responsable de la tecnología en los entornos educativos.

En educación básica, que abarca los niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria, los estudiantes deberán mantener sus dispositivos guardados durante toda la jornada escolar, incluyendo clases y recreos. La regulación contempla excepciones en casos de emergencia, necesidades de salud o cuando los dispositivos sean utilizados con fines educativos bajo la supervisión de los docentes.

Para la educación media superior y superior, las instituciones conservarán la autonomía para establecer sus propias políticas respecto al uso de dispositivos digitales, con el objetivo de fomentar un manejo responsable y adecuado a las necesidades educativas de cada nivel. Esta diferenciación permite que bachilleratos y universidades adapten las reglas según sus modelos académicos.

El Sistema Educativo Nacional está compuesto por aproximadamente 34.1 millones de estudiantes, atendidos por 2.2 millones de docentes en 263,600 escuelas públicas y privadas, por lo que la implementación de esta regulación afecta a toda la comunidad educativa. Con esta medida, México se alinea con más de 100 países que ya han adoptado disposiciones similares para limitar el uso de dispositivos móviles en entornos escolares.

La iniciativa ha sido respaldada por expertos en neurodesarrollo, quienes señalan que el uso excesivo de dispositivos digitales puede contribuir a problemas de atención, estrés y ansiedad en los jóvenes. No obstante, algunos padres de familia han expresado su preocupación porque consideran que los celulares son esenciales para mantener comunicación con sus hijos en situaciones de emergencia, inquietud que se intensificó tras el ataque a tiros contra un autobús escolar en Escuinapa, Sinaloa. La efectividad de la medida dependerá de su implementación adecuada y de la capacidad de las autoridades educativas para atender estas preocupaciones y garantizar la seguridad de los estudiantes.