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En atención al interés público que reviste la función notarial, la Conavim manifiesta su rechazo ante la falta grave en la que el agremiado ha incurrido, y solicita que se investigue y sancione la falta grave del notario, desde un análisis con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, que atienda las diversas formas de violencia ejercida, de manera que se aliente la reparación del daño y se establezcan medidas de no repetición.
No puede tolerarse ningún tipo de violencia contra mujeres, menos aún cuando éstas provienen de un notario público.
Quienes ejercen el notariado público en México son personas profesionales del derecho, investidas de fe pública por el Estado, que brindan seguridad jurídica y certeza en los actos y hechos de los que dan fe y manifiestan siempre un alto nivel de profesionalismo, imparcialidad y autonomía en sus decisiones, las cuales tienen como límite el marco jurídico y el Estado de Derecho. De tal forma que sus acciones deben velar y regirse bajo los más altos estándares de respeto y protección de los derechos humanos.
A la luz de lo acontecido, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala que, la violencia contra las mujeres abarca cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. Por ello la Comisión Nacional se solidariza con la víctima y se pone a su disposición para brindarle el apoyo y asistencia institucional que requiera en la activación de los mecanismos de acceso a la justicia.
