Exportero de Atlas, Santos y Necaxa enfrenta 10 años de cárcel en EE.UU. por red de relojes falsos

El exjugador de la Liga MX fue detenido y quedó bajo custodia de autoridades federales estadounidenses. Tras su arresto, fue presentado ante la corte para una primera audiencia, luego de una investigación de meses que permitió identificar envíos apócrifos desde Alaska hasta la frontera con México, de acuerdo con las autoridades.
El caso se remonta al 5 de octubre de 2026, cuando en Anchorage, Alaska, personal de aduanas interceptó un paquete con cuatro relojes de lujo falsos que tenían como destino final un almacén en Laredo, Texas. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Alaska inició una investigación en coordinación con autoridades del sur de Texas para identificar el modus operandi del grupo criminal.
Las indagatorias permitieron identificar al exguardameta de la Liga MX como el responsable de la recepción de los paquetes, lo que llevó a su ubicación, arresto y ahora imputación por delitos contra la propiedad intelectual y tráfico de mercancías.
Según la acusación fiscal, Calderón administraba una empresa de importación y exportación utilizada para recibir cargamentos de relojes falsos en Laredo, los cuales después los enviaba a México. El DOJ señaló que los cargos alegan que Hernández-Calderón dirigía un negocio de importación y exportación que recibía relojes falsificados en Laredo para enviarlos a clientes en México.
Entre junio de 2025 y octubre de 2026, las autoridades documentaron numerosos envíos a direcciones vinculadas con la operación. Las piezas identificadas e incautadas suman un valor comercial estimado de 5.4 millones de dólares, calculado con base en el precio de venta al público de los modelos originales.
El expediente judicial incluye fotografías, registros de mensajería y comunicaciones con los cuales la fiscalía busca comprobar la logística de la red. Además, representantes de marcas de lujo confirmaron la falsedad de las piezas.
De ser hallado culpable, Hernández-Calderón podría enfrentar una condena de hasta 10 años de prisión en una cárcel federal y una multa de 2 millones de dólares. El proceso penal está a cargo del fiscal federal adjunto Thomas Sekula, con la participación de HSI, la División de Investigación Criminal del IRS y el Servicio Postal de Estados Unidos.
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