El Gobierno de México afirmó que la información disponible no acredita la existencia de un patrón estatal ni recurrente de desaparición forzada de personas buscadoras, en respuesta al comunicado emitido por cuatro expertos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La administración federal sostuvo que cada caso de desaparición se atiende con la debida diligencia y que la búsqueda de personas es una obligación primaria e irrenunciable de las instituciones públicas.

El pronunciamiento se dio en el marco de la comunicación de los expertos de la ONU, quienes, según precisó el Gobierno mexicano, ejercen su mandato a título personal y de manera independiente, por lo que sus opiniones no reflejan la posición de la Organización de las Naciones Unidas. El Ejecutivo federal reconoció que existen desafíos en materia de búsqueda, investigación, identificación humana y acceso a la justicia, y señaló que para atenderlos se han implementado reformas legales y políticas públicas en los últimos años.

Como parte de esos esfuerzos, el Gobierno enumeró diez acciones que integran la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas: la creación e implementación de la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas; la obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición; la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación; la creación de la Plataforma Única de Identidad; la obligación de que los estados cuenten con fiscalías especializadas y unidades especializadas en la materia; el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses; el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con contratación de especialistas y equipamiento; la obligación de que los registros oficiales cuenten con datos mínimos de identificación; la coordinación entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República; y la incorporación de las comisiones estatales y nacional de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.

El Gobierno mexicano también destacó la cooperación internacional como componente central de su estrategia. Indicó que, junto con agencias de las Naciones Unidas como la ONU-DH y el UNFPA, así como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se han fortalecido los mecanismos de asistencia técnica y capacitación para atender este delito.

En cuanto a la atención a las familias, el Ejecutivo federal señaló que autoridades del más alto nivel han recorrido el país para dialogar con las familias buscadoras y las organizaciones que las acompañan, y atender sus planteamientos. Asimismo, sostuvo que en coordinación con la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales se trabaja para que ninguna agresión quede impune y para ampliar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.

El Gobierno condenó todo acto de violencia contra personas buscadoras e integrantes de colectivos de búsqueda, y reafirmó su disposición al diálogo con los mecanismos internacionales de derechos humanos para compartir información sobre los avances alcanzados. Finalmente, reiteró su apertura a la cooperación internacional y su disposición a seguir compartiendo información objetiva y verificable que contribuya a una valoración integral de los esfuerzos del país en esta materia.