El Gobierno de México expresó su preocupación sobre la posible eliminación de la prisión preventiva oficiosa, medida que impactaría en la seguridad nacional y la justicia del país. Durante la conferencia matutina, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, destacó que el cambio afectaría a 68 mil personas acusadas de delitos graves, como homicidio, secuestro, feminicidio y narcotráfico.

Alcalde señaló que el Gobierno considera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se excede en sus facultades al tomar una decisión sin dimensionar su impacto en la seguridad. La prisión preventiva oficiosa, establecida en el artículo 19 constitucional, garantiza la comparecencia en juicio y protege a víctimas y testigos.

El Gobierno mexicano envió una carta a los ministros de la SCJN para plantear sus preocupaciones sobre este tema. Alcalde resaltó que el problema radica en la tardanza de los procesos judiciales, una cuestión que el Poder Judicial debe resolver. También mencionó que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa tendría implicaciones para la seguridad de testigos, víctimas, policías, personal de fiscalías y la población en general.

Además, el Gobierno considera que la eliminación podría amenazar la soberanía nacional, el principio de supremacía constitucional y la división de poderes. La secretaria de Gobernación hizo un llamado a la SCJN para respetar la Constitución y considerar las graves consecuencias de su decisión.

Los titulares de Seguridad, Defensa Nacional y Marina también acompañaron al presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia. El Gobierno de México reitera su postura sobre la importancia de mantener la prisión preventiva oficiosa para garantizar la seguridad y justicia en el país.