El Instituto Nacional Electoral (INE) de México enfrentó una crisis institucional por acusaciones de corrupción y conflictos de interés que involucran a su presidenta, Guadalupe Taddei. El 24 de octubre de 2026, en una reunión virtual con consejeros electorales, Taddei afirmó que no renunciaría a su cargo y calificó las acusaciones como un ataque político, asegurando que se mantendría al frente del organismo.

Sin embargo, el 25 de octubre de 2026, tras una profunda reflexión, Taddei comunicó su renuncia a la presidencia del INE, efectiva a partir del 26 de octubre. En su comunicado, expresó que entregaría su dimisión ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Las acusaciones contra Taddei surgieron a raíz de investigaciones periodísticas que revelaron presuntas irregularidades en la contratación de proveedores de material electoral. Se señaló que empresas vinculadas a los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, como Corporativo Zeg, Cajas Graft y Seriplast de México, habrían recibido contratos millonarios del INE. Estas empresas están siendo investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por posibles prácticas fraudulentas, incluyendo la simulación de competencia en licitaciones y la triangulación de recursos mediante facturas falsas.

Además, se difundieron videos que muestran a Taddei y a sus hijos en París junto a José Alfredo Hernández Casillas, lo que incrementó las sospechas sobre posibles conflictos de interés en la contratación pública. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio para esclarecer estas irregularidades y determinar responsabilidades administrativas o penales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió auditorías al INE para garantizar que no haya "ninguna sombra de corrupción" en el organismo, especialmente ante la proximidad de las elecciones de 2027. Sheinbaum dejó en manos de Taddei la decisión de renunciar o continuar en el cargo. La renuncia de Taddei es relevante porque el INE es la institución encargada de organizar y supervisar las elecciones en México. Las acusaciones de corrupción y conflictos de interés podrían afectar la confianza pública en el proceso electoral y en la imparcialidad del organismo. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para mantener la legitimidad de las elecciones y la estabilidad democrática del país.