_ El desafío de la reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley se relaciona con las acciones que encabezan las autoridades administrativas especializadas en la ejecución de medidas para esta población, coordinadas con otras instituciones para integrarles a la comunidad, señaló el director de Políticas de Atención y Promoción de la Justicia de la Secretaría Ejecutiva (SE) del Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), adscrita a la Secretaría de Gobernación, Francisco Castellanos García.
Expresó que dentro de este proceso la reinserción laboral es necesaria, aunque difícil de llevar a cabo por las circunstancias judiciales de las y los adolescentes en conflicto con la ley, y estos procesos deben continuar, aunque las medidas dictadas por juezas y jueces hayan terminado, en especial en lo relacionado con los programas sociales concernientes al trabajo.
Castellanos García explicó que por estas razones se genera el seminario ‘La reinserción laboral de los adolescentes en el Sistema de Justicia’, dirigido a las personas responsables del diseño y de la aplicación del plan individualizado que recibe a una o a un adolescente que cometió un delito, y que deben tener estudios en derecho, psicología, trabajo social, medicina y docencia, entre otras.
Mencionó que este seminario tiene dos objetivos: 1) que las autoridades administrativas analicen el contexto socioeconómico del país y los retos para la incorporación de adolescentes al entorno laboral, y 2) presentar buenas prácticas y programas públicos y de la sociedad civil en materia de inserción laboral para adolescentes y jóvenes.
Apuntó que la reinserción laboral en la justicia para adolescentes es un componente de la justicia social y es un proceso gradual porque forma parte de la reintegración familiar, que toma en cuenta la historia laboral de la o el adolescente, que les orienta en beneficio de su desarrollo y que tiene un carácter socioeducativo como parte de una medida de sanción, aunque no es un castigo.
Destacó que se trata de una tarea urgente porque de los datos de la Encuesta Nacional de Adolescentes –respecto del Sistema de Justicia Penal (ENASJUP) de 2017, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) – se desprende que en una muestra de mil 795 personas en el Sistema de Justicia a nivel nacional, 39.3 por ciento había abandonado su hogar por lo menos una vez, y de ellas 65 por ciento lo hizo entre los 10 y 15 años y, por otro lado, muestra que 68.8 por ciento sufrió algún tipo de violencia psicológica al momento de su detención.
Del Estudio de Vulnerabilidad y Violencia de Elena Azaola –comentó Castellanos García– se desprende que en 2016 existían 3 mil 761 adolescentes privados de la libertad en México, de las y los que 3 mil 600 eran hombres (96 por ciento) y 161 mujeres (4 por ciento).
Respecto de su participación en el crimen organizado, mencionó que fue de 35 por ciento, que 4 por ciento nunca fue a la escuela, que 15 por ciento truncó la primaria, y que solo 7 por ciento la terminó; 28 por ciento truncó la secundaria, 20 por ciento la completó y solo 16 por ciento cursó algún grado de la preparatoria.
En referencia a la situación de pobreza, 51 por ciento indicó que su economía familiar era regular, y 31 por ciento calificó la situación económica de su familia como mala, y dijo que en su casa faltaba comida.
Mencionó que ante estas situaciones las autoridades administrativas y de otras instituciones coordinadas deben garantizar el enfoque de derechos de la adolescencia con el combate al abuso y exceso de violencia institucional, y destacar la clara diferenciación con la justicia penal de personas adultas e impulsar la ley nacional de 2016 sobre justicia adolescente, todo con el objetivo de reinsertar en la sociedad a esta población en conflicto con la ley.
Solicitó a las autoridades presentes en el seminario mantener el enfoque de transición, y destacó que el Sistema de Justicia de Adolescentes debe crear mecanismos de puente para el desarrollo de la juventud y la vida adulta; impulsar la inclusión y el trabajo digno, acompañar y desarrollar las habilidades sociales y coordinar políticas entre gobierno, la sociedad civil y la iniciativa privada.
El seminario fue organizado por la Dirección General de Prevención y Tratamiento de Menores del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) junto con la Dirección de Políticas de Atención y Promoción de la Justicia de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna.
