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En el mundo la pena de prisión no está cumpliendo con su función porque sigue habiendo el mismo número, o mayor, de delincuentes; si la cantidad de criminales no disminuye, ¿cuál es la función de la cárcel?, planteó el profesor emérito de la UNAM Raúl Carrancá y Rivas al participar en los trabajos del II Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal “Carlos Daza Gómez” In Memoriam, que inauguró el secretario General de Universidad Nacional, Leonardo Lomelí Vanegas.
Por ello, se deben revisar los fundamentos del Derecho Penal; olvidarlo sería volver a la barbarie y renunciar a principios de una solidez filosófica enorme, afirmó acompañado por el director de la Facultad de Derecho (FD), Raúl Contreras Bustamante.
En el acto inaugural a distancia, Lomelí Vanegas dijo que la mejor forma de honrar la memoria del académico universitario Carlos Daza Gómez es dar continuidad a este Congreso, que fue su iniciativa, porque fue también un incansable promotor de las relaciones entre la Universidad Nacional, la Universidad de Salamanca, la Universidad Complutense de Madrid y otras casas de estudio de Iberoamérica, agregó el secretario ante el hijo del homenajeado, Carlos Héctor Daza Zaragoza.
En 36 mesas de trabajo, 10 conferencias magistrales, cinco homenajes a especialistas del Derecho Penal y un homenaje póstumo, los juristas tendrán la posibilidad de intercambiar experiencias, actualizar aprendizajes y fortalecer los vínculos de intercambio académico, destacó.
“Es ciertamente una fiesta del Derecho Penal, una actividad que da cuenta de la excelencia de esta área en la Facultad de Derecho; una excelente manera de dar continuidad a una obra excepcional como fue la del doctor Carlos Daza Gómez”, aseveró ante la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, quien resaltó:
Juzgar con perspectiva de género en el sistema penal acusatorio, forma parte de los retos y desafíos que se deben afrontar. Esta impartición de justicia no es exclusiva del perjuicio de las mujeres, pues existen relaciones asimétricas, prejuicios y patrones de estereotipo que las afectan al igual que a los hombres. Además, debe observarse cuando ella tiene carácter de víctima y de imputada.
A su vez, Contreras Bustamante detalló que 154 especialistas de 11 países de Iberoamérica, entre ellos España, Argentina, Perú, Colombia, Estados Unidos, Costa Rica, Brasil y México, participan en esta actividad que congrega a más de 10 mil personas con diversos temas como seguridad pública, aborto, violencia de género, prevención de lavado de dinero y trata de personas.
Defensa de los intereses sociales
Al continuar su exposición, el profesor emérito de la UNAM apuntó que el Derecho Penal se apoya en la premisa de fundar la acción o conducta en una norma de comportamiento. Si no cumple con su función, manifestada en el Artículo 18 de la Constitución, fracasa en toda su estructura.
Este precepto prescribe como imprescindible la readaptación social del sentenciado. El objeto de esta rama del Derecho es readaptar al acusado; si no lo logra, fracasa en su función. Si el fin fundamental es sancionar la acción que ha vulnerado una norma de conducta y esto no ocurre, falla en todo lo que lo compone para llegar a manifestarse plenamente en defensa de los intereses superiores de la sociedad.
Si atendemos cómo operan las cárceles en México, no hay la menor duda de que estamos ante un paisaje “deprimente y negativo”. Se readapta sobre la base de que hay que preparar al sentenciado adecuadamente para su retorno al seno de la sociedad, refirió.
La readaptación en México y el mundo opera mal porque no es valorativa y en el fondo no se recurre a la educación, a lo que debería ser una verdadera nueva posición del sentenciado para enfrentarse a un grupo de valores superiores que lo fueran orientando en el desarrollo de su personalidad. Si esto no se manifiesta estamos en presencia de un absoluto y rotundo fracaso, reiteró.
El objeto del Derecho Penal no es “sancionar por sancionar”, lo cual equivaldría a una venganza, sino reeducar, volver a colocar al sentenciado en el seno de la sociedad. Pero, si esta última es negativa, ¿cuál sería ese objeto? Ante ese cuestionamiento se deben revisar los fundamentos de ese derecho, aunque no es fácil ofrecer una solución, reconoció.
Está fuera de duda, continuó Carrancá y Rivas, que tutela los bienes jurídicos de más alta jerarquía. Si los olvidamos y no les damos el debido paso en la secuencia de progreso en la cultura y la civilización, renunciamos a gran parte de nuestro destino.
Más adelante, la secretaria General de la Universidad Complutense de Madrid, Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, externó que el Congreso muestra que pese a la pandemia la Universidad sigue trabajando y ha tenido que reinventarse apoyada de las redes sociales. La Universidad, insistió, es hoy más necesaria.
Contreras Bustamante puntualizó que la pandemia por la COVID-19 demuestra que en todos los países hace falta mayor inversión en educación, ciencia, tecnología, salud y medios adecuados para el eficiente apego a la justicia.
La falta de actualidad de marcos constitucionales genera también afectación a los derechos humanos, sumados a las enormes pérdidas económicas, el desempleo y el agravamiento de la violencia contra la mujer, entre otros, concluyó.
