La protección de los derechos de la niñez y adolescencia con referentes adultos privados de la libertad, sea que vivan en los centros de reclusión con sus madres o padres o se trate de sus hijas e hijos que viven fuera, en un núcleo familiar extendido, requiere que las autoridades responsables les localicen, se diagnostique su situación individual y se les canalice a programas de educación, salud y comunitarios para beneficio de su desarrollo personal.

Así lo señaló la jefa de Departamento de Políticas de Defensa y Promoción de la Justicia de la Secretaría Ejecutiva (SE) del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) de la Secretaría de Gobernación, Emma Martínez Oloarte.

La servidora pública presentó el seguimiento a la acción ‘Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes con referente adulto privado de la libertad’, durante la sesión permanente de la Comisión de Secretarías Ejecutivas de Protección Integral de los Sistemas Nacional y de las Entidades Federativas del Sipinna.

Ante las y los secretarios ejecutivos de los 32 sistemas estatales, Emma Martínez Oloarte subrayó que la aplicación de la Cédula de Identificación de Necesidades a esta población se inicia en los centros penitenciarios con el permiso previo de madres, padres o personas tutoras y permite empezar la atención integral e interinstitucional de niñas, niños y adolescentes.

Durante 2020, el pilotaje de la cédula se realizó en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 16 ‘CPS Femenil Morelos’. En 2021 se aplicó el instrumento en distintos centros de reinserción social varoniles del país, con la colaboración estrecha de la Dirección General de Instituciones Abiertas del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (DGIAPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En este sentido, según datos de la DGIAPRS hacia febrero de 2022 se habían aplicado 12 mil cédulas y atendido a 200 niñas, niños y adolescentes mediante visitas domiciliarias, así como distintas canalizaciones a instituciones y gestiones de becas, entre otras acciones de cuidado.

Aclaró que conocer la cantidad de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en estas condiciones, se debe al trabajo de las 32 secretarías ejecutivas estatales y la coordinación interinstitucional con los centros de reclusión en sus territorios.

La sistematización de los datos recabados a través de estas cédulas que realiza la DGIAPRS ha presentado diversas dificultades debido a que en algunos centros el tema no es prioritario, por lo que en paralelo han comenzado a promover asesorías para sensibilizar a las autoridades penitenciarias, judiciales y otras relacionadas con los derechos humanos y la protección integral de niñas, niños y adolescentes con referentes adultos privados de la libertad, donde se subraya la buena crianza parental.

Emma Martínez Oloarte apuntó que uno de los compromisos que tiene el programa de Fortalecimiento del vínculo familiar, al que pertenece la aplicación de la cédula por parte de la DGIAPRS, es que las personas privadas de la libertad sepan con exactitud cuál es la situación de sus hijas e hijos y cómo van en su desarrollo.

A marzo de 2022, se tiene informe de los avances de las acciones de atención en los estados de Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz, donde se han turnado oficios a las procuradurías de protección municipales para realizar visitas domiciliarias, cuyos resultados han derivado en canalizaciones necesarias a diversos servicios. El avance del mecanismo en el resto de los estados continúa.

Las metas para 2023 son:

• 32 entidades federativas con censo actualizado de la situación de hijas e hijos que viven con sus madres privadas de su libertad, y de las y los que viven fuera de los centros penitenciarios y que sean menores de 18 años.

• Atención integral en los ámbitos de salud, bienestar y educación en los 32 estados al total de las hijas y los hijos menores de 18 años de mujeres que viven con ellas en centros penitenciarios.

• 32 entidades con diseño e implementación de una estrategia que permita a las autoridades estatales articular los programas y recursos suficientes para garantizar integralmente los derechos de hijas e hijos de personas privadas de la libertad que viven fuera de los centros penitenciarios y que sean menores de 18 años.