Durante el panel digital ‘Niñez y adolescencia. Los retos de salvaguardar sus derechos humanos durante el confinamiento’, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Ricardo Bucio Mújica, subrayó que sumar acciones de gobiernos, sociedad civil, academia e iniciativa privada para resolver problemáticas como la pobreza y la violencia sexual entre la población de 0 a 17 años, es un mandato establecido en la Ley General sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Indicó que toca a los sistemas estales de protección de niñas, niños y adolescentes activar a las instituciones públicas para actuar contra situaciones como maltrato o mala alimentación, que han estado presentes desde hace años a causa del descuido histórico que ha existido hacia este sector.

Explicó que se ha hecho costumbre que las madres, padres y docentes se hacen cargo de niñas y niños, situación que ha generado que muchas instituciones públicas trabajen para personas adultas y no para ellas y ellos.

En este sentido, ratificó que todas las autoridades son corresponsables de la niñez y adolescencia, y que cambiar la manera en que se les comprende e integra a la vida pública implica un cambio radical. Reafirmó que las niñas y los niños, así como las y los adolescentes son personas sujetas de derechos y las instituciones son entes obligados a garantizar su cumplimiento.

En el panel organizado por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Colima intervinieron el procurador de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Colima, Adrián Menchaca García; la presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en la entidad, Azucena López Legorreta; y el integrante de la Red Nacional de DIFusores de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Puebla, Carlos Hernández Quijano.

Asimismo, la especialista en la Agenda 2030 y temas de desarrollo, Jacqueline Aguilar Baca; y la docente en nivel básico en Veracruz, Angélica María Hernández. Como moderador fungió el titular de la Unidad de Transparencia de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Colima, Sergio de Jesús Solórzano Puga.