La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia suspendió de forma definitiva al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y designó a José Armando Urioste Viera como fiscal general interino. La decisión se adoptó el 3 de octubre de 2026, dos días después de la detención de Mariaca, acusado de liderar una organización criminal que protegía actividades de narcotráfico.

La votación en la Asamblea Legislativa contó con 113 votos a favor de la suspensión definitiva entre 128 legisladores. Previamente, el órgano aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público que permitió apartar a Mariaca del cargo y habilitar la designación de un fiscal interino mientras avanzan las investigaciones en su contra.

La detención de Mariaca se produjo después de que Estados Unidos revocara su visa, señalándolo por corrupción y obstrucción de la justicia. La medida formó parte de una ofensiva diplomática que alcanzó a 18 funcionarios de América Latina, a quienes Washington acusó de socavar gobiernos democráticos mediante corrupción y vínculos con el narcotráfico. En el caso boliviano, Mariaca fue señalado por facilitar operaciones de narcotraficantes como el uruguayo Sebastián Marset.

José Armando Urioste Viera, abogado designado como fiscal general interino, asume el cargo en un momento de alta tensión institucional. Su nombramiento busca mantener la continuidad y estabilidad del Ministerio Público boliviano, en un contexto de creciente presión internacional para que los gobiernos de la región refuercen sus mecanismos de combate a la corrupción y al crimen organizado.

El caso refleja un esfuerzo significativo de Bolivia por fortalecer sus instituciones judiciales y depurar las estructuras internas del Ministerio Público. La suspensión de Mariaca y la llegada de Urioste como interino marcan un precedente en la lucha contra la corrupción dentro del sistema de justicia, al tiempo que evidencian la influencia de las acciones internacionales en los procesos políticos latinoamericanos.