Un juez federal retiró la prisión domiciliaria de Jesús Murillo Karam en uno de los procesos penales que enfrenta por el caso Ayotzinapa. En su lugar, impuso medidas cautelares como resguardo en su domicilio, uso de un brazalete electrónico y restricciones de movilidad.\n\nLa resolución fue emitida este jueves por el juez de control Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. El juez consideró que el proceso penal se ha prolongado por más de dos años por causas ajenas al imputado, por lo que modificó la medida cautelar.\n\nAhora, el exprocurador general de la República deberá permanecer bajo resguardo domiciliario, portar un brazalete electrónico, no salir de la Ciudad de México y abstenerse de acercarse a las víctimas o reunirse con personas distintas a sus familiares.\n\nLa decisión se tomó al término de una audiencia que comenzó el miércoles y concluyó la tarde de este jueves. Participaron representantes de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, así como asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.\n\nDurante la audiencia, la defensa del exfuncionario solicitó revisar la medida cautelar con base en un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece la necesidad de analizar la prisión preventiva cuando una persona ha permanecido privada de la libertad por más de dos años. También sostuvo que el estado de salud de Murillo Karam requiere atención médica permanente.\n\nTras analizar los argumentos, el juez concluyó que la prolongación del proceso se debe al trámite de diversos recursos judiciales y no a conductas atribuibles al exprocurador. Con esta resolución, Murillo Karam dejará de estar bajo la vigilancia permanente de elementos de la Guardia Nacional en su domicilio y ya no requerirá autorización judicial para acudir a consultas médicas, aunque seguirá sujeto al monitoreo mediante el brazalete electrónico.\n\nCabe señalar que el exprocurador enfrenta un segundo proceso penal ante un juez del Reclusorio Sur por los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos, relacionado con el caso de Felipe Rodríguez Salgado, el “Cepillo”. En ese expediente continúa bajo prisión domiciliaria. En la causa penal relacionada con el caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República lo acusa de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos por su presunta participación en la construcción de la llamada “verdad histórica”.