El senador Emmanuel Reyes Carmona sometió a consideración una iniciativa de reforma a las leyes General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y General de Salud, con la finalidad de crear un esquema integral que garantice la prevención del suicidio, la atención psicológica y el acompañamiento emocional para los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La propuesta, bautizada como "Ley Orlando", toma como referencia el caso de Orlando García Maciel, policía vial de León, Guanajuato, quien antes de suicidarse expuso públicamente la depresión que padeció durante varios años.

La reforma contempla que todas las corporaciones de seguridad implementen programas permanentes de promoción y atención en salud mental, así como protocolos obligatorios para la detección temprana de conductas de riesgo, intervención en crisis y prevención del suicidio. Además, establece la obligación de brindar atención psicológica y psiquiátrica gratuita, oportuna y confidencial, junto con acompañamiento especializado para el personal que haya estado expuesto a situaciones de alto impacto emocional, como enfrentamientos o agresiones.

Entre los aspectos más relevantes, la iniciativa dispone que la atención clínica sea estrictamente confidencial y no pueda emplearse como causa de sanción, discriminación o afectación laboral, separándola de las evaluaciones de control de confianza. También prevé capacitación para mandos en detección de factores de riesgo y primeros auxilios psicológicos, e incorpora el manejo del estrés y el autocuidado en los programas de formación y profesionalización policial.

El senador subrayó que la propuesta busca que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las autoridades federales, estatales y municipales, emita directrices nacionales para la prevención del suicidio y la intervención en crisis, así como la generación de información estadística que oriente las políticas públicas sin comprometer la privacidad del personal. Reyes Carmona enfatizó que el propósito es generar un cambio estructural en la forma en que el Estado atiende el bienestar de los elementos de seguridad.