La participación de la ciudadanía es un elemento clave para garantizar los objetivos de la Agenda de Transición Ambiental, a fin de que su cumplimento sea acorde a las verdaderas necesidades de la población y su entorno, sin el riesgo de que se incurra en acciones sesgadas o que sólo respondan a los intereses de un sector o grupo en particular.

El séptimo eje de esta agenda plantea la “Transición ciudadana, justicia y gobernanza ambiental”, y consiste en la ciudadanización y territorialización de la política pública que garantice la participación activa de la población en la toma de decisiones y acciones en la materia.

En torno a este eje, Medio Ambiente impulsa mecanismos emergentes de participación, así como un diálogo social que permita la construcción de acuerdos, además de definir regiones y espacios de esperanza con el propósito de facilitar una participación efectiva en la toma de decisiones y acceso a la justicia ambiental.

En este sentido, la actual administración federal tiene presente que la relación gobierno-sociedad se sustenta en la participación activa, informada e incluyente de la ciudadanía en situaciones que afectan sus modos y lugares de vida.

De acuerdo con la agenda ambiental de la Cuarta Transformación, esta relación se basa en la capacidad de escucha y conversación continua de todos los sectores, y se orienta a integrar propuestas y decisiones ciudadanas colectivas en los actos del gobierno.

De esta manera, la sociedad reconoce la lucha de quienes defienden el medio ambiente y la naturaleza, y los protege, en tanto que el gobierno anima la multiplicación de los espacios de participación y las regiones de esperanza donde se establece una relación armónica con la naturaleza. Asegura también el acceso igualitario y una distribución equitativa de los beneficios del uso de los recursos naturales.

Además, mediante este esquema se brinda protección y seguridad a los defensores ambientales, y la ciudadanía tiene acceso a la justicia en materia de medio ambiente, considerando las necesidades y condiciones particulares de personas y grupos en situación de mayor vulnerabilidad.

Todo lo anterior se expresa en las seis estrategias para impulsar la Agenda de Transición Ambiental, que incluye la articulación de acciones entre el sector ambiental y los gobiernos federal, estatales y municipales, y se fomentan alianzas con el sector productivo, la sociedad civil, la academia, los movimientos sociales y el Poder Legislativo.

Además, se plantea focalizar la intervención programática de acciones de acuerdo con las prioridades territoriales, además de considerar a los sectores de población rural e indígena y en situación de pobreza.