_ A partir del domingo 14 de diciembre, la denominada Ley Silla entra en vigor en todo el país sin excepciones ni prórrogas, convirtiéndose en una de las reformas laborales más relevantes de los últimos años. Impulsada por Movimiento Ciudadano, la normativa establece la obligación para los centros de trabajo de proporcionar asientos adecuados a las y los trabajadores que permanecen largas jornadas de pie, a fin de prevenir afectaciones a su salud.
La diputada Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora de MC en la Cámara de Diputados, señaló que los 180 días otorgados para que empleadores se prepararan ya concluyeron, por lo que “no debe haber pretextos” para incumplir. La medida responde a una problemática ampliamente documentada: de acuerdo con datos del Inegi, al menos 3 millones de personas en México desempeñan actividades en las que pasan prácticamente toda su jornada de pie.
Las consecuencias de esta práctica, advierten especialistas, pueden ser graves si no se intercalan periodos de descanso. Entre las afectaciones más comunes figuran insuficiencia venosa, várices, lesiones en rodillas, fascitis plantar y hemorroides, condiciones que deterioran la calidad de vida y aumentan riesgos laborales. Con esta reforma, el objetivo es prevenir daños crónicos que afectan a miles de trabajadoras y trabajadores en sectores como comercio, servicios y atención al cliente.
La nueva normativa establece que las empresas deberán proporcionar sillas con respaldo en número suficiente, tanto para la realización de tareas como para descansos periódicos. Estos asientos deberán colocarse en áreas designadas y accesibles dentro del centro laboral. Queda prohibido obligar al personal a permanecer de pie por razones de protocolo, imagen o disposición interna.
El incumplimiento acarreará sanciones que van desde 250 hasta 2,500 Unidades de Medida y Actualización (entre 26,000 y 260,000 pesos en 2025). En casos de reincidencia, la autoridad laboral podrá ordenar la suspensión temporal de actividades. La Ley Silla busca garantizar condiciones de trabajo dignas y saludables, promoviendo una cultura laboral que priorice el bienestar de quienes sostienen la operación diaria de millones de establecimientos en el país.
