El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, presentó una iniciativa para que el endeudamiento público deje de ser una herramienta ordinaria de gobierno y se convierta en la última alternativa del Estado. La propuesta, denominada Iniciativa de Cero Deuda y Combate frontal a la Corrupción, fue enviada a la Legislatura el pasado 18 de septiembre y contempla tres marcos normativos, según informó la Secretaría de Finanzas.

De acuerdo con el mandatario estatal, en los cinco años de su administración no se ha contratado un solo peso de deuda. La administración recibió una deuda superior a los 12 mil 500 millones de pesos (mdp) y ha pagado casi 7 mil mdp, incluida la totalidad de la deuda de corto plazo. Entre 2004 y 2021, señaló, se contrataron más de 50 mmdp de deuda de corto y largo plazo: 2 mil 567 mdp en la administración de Amalia García (2004-2010); 32 mil 143 mdp en la de Miguel Alonso Reyes (2010-2016), y 19 mil 962 mdp en la de Alejandro Tello (2016-2021).

Solo en intereses de la deuda heredada de largo plazo se han pagado 9 mil 591 mdp: 3 mil 336 mdp en el periodo 2010-2016, 3 mil 7 mdp en el de 2016-2021 y 3 mil 248 mdp en la actual administración, a junio de 2026. En deuda de corto plazo, la administración de Miguel Alonso Reyes sumó 18 mil 984 mdp y la de Alejandro Tello, 9 mil 745 mdp, incluidos adelantos de participaciones que, aclaró el gobernador, también son préstamos con costo financiero.

El origen de la deuda fue el esquema de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) para construir Ciudad Gobierno, cuyas obras costaron alrededor de 700 mdp, pero que en 20 años representarían un pago superior a 2 mil 400 mdp, con pagos anuales de 123.7 mdp. En junio de 2011 se autorizó deuda por 4 mil 897.8 mdp, de los cuales 1 mil 358.4 mdp se destinaron a reestructurar el PPS y 3 mil 539.4 mdp a inversión pública productiva. Monreal cuestionó que lo que dio origen a la deuda más grande no tenga expediente físico, ya que ni las dependencias estatales ni la Auditoría Superior del Estado lo han localizado.

La secretaria de Finanzas, Ruth Angélica Contreras Rodríguez, explicó que la iniciativa parte del principio de que "tener capacidad para endeudarse ya no significa tener autorización para hacerlo". Detalló que el techo de endeudamiento de 6 por ciento de los ingresos para el Estado y 3 por ciento para los municipios dejaría de ser un permiso, y que la excepción solo procedería con declaratoria formal y tras agotar disponibilidades presupuestarias, fondos, reservas, recursos federales e ingresos propios.

Aun en esos casos, la deuda deberá superar seis pruebas: necesidad económica o social, rentabilidad y suficiencia financiera, adicionalidad, sensibilidad respecto al costo financiero, responsabilidad temporal e intergeneracional, y sostenibilidad integral y resiliencia. Para el corto plazo se propone una prueba de liquidez obligatoria, un periodo mínimo de 30 días entre contrataciones y la incorporación de los adelantos de participaciones al límite de endeudamiento.

El gobernador convocó a un debate social sobre la reforma y sostuvo que se cuidará el proceso legislativo. Afirmó que obras como el Platabús, con inversión cercana a 2 mil 400 mdp, y la renovación del parque vehicular, superior a 1 mil mdp, se realizan con recursos propios. También informó que se crearon dos fondos: uno de infraestructura, para garantizar que toda obra iniciada cuente con recursos aun al concluir el mandato, y otro de estabilización financiera. Adelantó que presentará un paquete económico con orientación de desarrollo y crecimiento con justicia social.