El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, envió a la LXV Legislatura del Estado la iniciativa Cero Deuda, que propone elevar a rango constitucional la prohibición de contratar nueva deuda pública para el Estado, los Municipios y sus entes públicos. La propuesta reforma el artículo 65, fracción XIV, de la Constitución Política del Estado, además de la Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera y la Ley de Financiamientos, Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública.

De acuerdo con el Gobierno estatal, la iniciativa contempla tres excepciones: desastres naturales, emergencias sanitarias graves y crisis económicas severas, siempre que exista una declaratoria formal de la autoridad competente. La propuesta establece que la sola existencia de una emergencia únicamente permite iniciar el análisis, sin autorizar por sí misma la contratación de deuda. Para ello fija una ruta de cuatro etapas: emergencia, evaluación, requisitos y eventual autorización.

El documento presentado ante el Congreso señala que, aun en una emergencia, la deuda deberá superar seis pruebas concurrentes: necesidad económica o social, rentabilidad y suficiencia financiera, adicionalidad, sostenibilidad respecto del costo financiero, responsabilidad temporal e intergeneracional, y sostenibilidad integral y resiliencia. Asimismo, incorpora dos candados: el primero obliga a acreditar la insuficiencia de recursos presupuestarios, fondos, reservas, economías, reasignaciones, recursos federales, subsidios, aportaciones e ingresos propios antes de solicitar deuda; el segundo privilegia que el financiamiento de proyectos de largo plazo se contrate mediante una empresa pública u organismo creado para prestar un servicio público o desarrollar un proyecto específico.

En materia de crédito de corto plazo, la reforma establece que este financiamiento solo podrá cubrir un desfase de calendario y nunca un déficit estructural. Para ello incorpora nueve candados, entre ellos la prueba de liquidez temporal obligatoria, el agotamiento previo de tesorería y reservas, la existencia de un ingreso cierto y calendarizado para liquidar la obligación, la prohibición de refinanciar o reestructurar deuda de corto plazo, la prohibición de contratar deuda nueva para pagar deuda anterior y un periodo mínimo de 30 días antes de contratar nuevamente, salvo contingencia nueva y distinta.

El gobernador afirmó que la propuesta busca dejar establecido en la ley que "nunca más endeuden al pueblo sin su consentimiento". Sostuvo que "la voluntad no es suficiente" y planteó acompañar la política de cero deuda con un marco jurídico que la convierta en una obligación constitucional. Recordó que su administración recibió una deuda cercana a 12 mil 500 millones de pesos, de la cual se han pagado más de 7 mil millones. Datos difundidos por el Gobierno de Zacatecas indican que, a junio de 2026, el saldo de largo plazo se ubicaba en 6 mil 401 millones de pesos y que durante la actual administración se habían pagado 7 mil 348 millones de pesos.

La propuesta fue presentada formalmente ante el Congreso del Estado por el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza; la secretaria de Finanzas, Ruth Angélica Contreras Rodríguez; y el coordinador general jurídico, Armando Ávalos Arellano, quienes la entregaron al presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús Padilla Estrada. Reyes Mugüerza explicó que el espíritu de la reforma es que la responsabilidad financiera y el saneamiento de las finanzas públicas se conviertan en texto constitucional. Contreras Rodríguez detalló que se plantea modificar tres ordenamientos: la Constitución local, la Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera y la Ley de Financiamientos, Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública.

El gobernador sostuvo que el endeudamiento público no solo representa el pago de capital e intereses, sino que puede acompañarse de desorden financiero, corrupción y una reducción de recursos para infraestructura, educación, salud y desarrollo económico. Afirmó que su administración ha demostrado que es posible gobernar sin contratar nueva deuda y que, de existir condiciones financieras favorables, podría analizarse acelerar el pago de obligaciones de largo plazo. La iniciativa será discutida por la LXV Legislatura del Estado.