El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó al menos 387 acciones represivas contra la población en Cuba durante octubre, entre ellas 30 detenciones arbitrarias y 357 abusos, informó la organización este viernes. El recuento incluye 73 denuncias presentadas por presos políticos, presos comunes y sus familiares, así como 145 sitios de viviendas para impedir los movimientos de activistas. Las provincias más afectadas fueron La Habana, Matanzas y Villa Clara.

Entre las violaciones registradas figuran amenazas, peticiones fiscales, hostigamientos y citaciones policiales. Las detenciones arbitrarias se dirigieron principalmente contra activistas, opositores, expresos políticos, periodistas independientes, líderes religiosos y ciudadanos que ejercieron su derecho a la protesta pacífica. Entre los casos destacados están los expresos políticos Alexander Díaz Rodríguez y Guillermo "Coco" Fariñas Hernández, los activistas Mario Alberto Hernández Leyva y José Antonio Riquenes Rodríguez, y los manifestantes del 11J Abdiel Cedeño Martínez y Dairon Yunior Labrada Linares, detenidos mientras cumplían obligaciones de presentación impuestas tras su excarcelación.

El OCDH registró la detención violenta del pastor evangélico Rolando Fidel Pérez Lora, conocido como «Pregonero de Cristo», arrestado el 1 de octubre por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria cuando se dirigía al Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este para acompañar a la activista Anna Sofía Benítez Silvente (Anna Bensi) y a su madre, Caridad Silvente, durante su juicio. El arresto ocurrió en un contexto de vigilancia, restricciones de movimiento y detenciones contra personas que intentaban asistir a la vista judicial. La represión también alcanzó a quienes protestaron por la situación del país, como Ariel Limias Leyva y Oscar Echevarría Rubio, y a periodistas independientes como Yunia Figueredo Cruz y Frank Correa, quienes denunciaron amenazas e intimidaciones durante interrogatorios.

En octubre se documentaron además al menos 63 abusos contra presos políticos, entre ellos agresiones físicas, amenazas, aislamiento en celdas de castigo, negación de atención médica y medicamentos, restricciones de comunicación con familiares, traslados arbitrarios y condiciones de reclusión que ponen en riesgo la salud y la integridad de los encarcelados. El OCDH señaló los casos de Carlos Alain Abrahantes Valdés, Ediolvis Marín Mora y Virgilio Mantilla Arango, quienes denunciaron castigos, incomunicación y falta de asistencia médica en prisiones de Camagüey, así como las agresiones físicas contra Yandi Dita Rodríguez y Roilán Álvarez Rensoler, el aislamiento prolongado del periodista independiente Henry Constantín Ferreiro y las amenazas de muerte denunciadas por Denys Hernández Ramírez. También se registraron huelgas de hambre de varios presos políticos, entre ellos Amaury Díaz García, Danisbel Labrada Morales y Yunaykis Linares Rodríguez.

Las 145 acciones de vigilancia y sitio policial se dirigieron contra periodistas independientes, activistas, opositores y familiares de presos políticos, mediante operativos de la Seguridad del Estado destinados a restringir su libertad de movimiento e impedir su participación en actividades públicas y religiosas. Una parte importante ocurrió el 1 de octubre, coincidiendo con el juicio contra Anna Sofía Benítez Silvente y Caridad Silvente, con cercos policiales y prohibiciones de salir de sus viviendas contra las periodistas Camila Acosta y Yoani Sánchez, el escritor Ángel Santiesteban-Prats, el periodista Reinaldo Escobar, la líder de las Damas de Blanco Berta Soler y el expreso político Ángel Moya. Integrantes del movimiento Damas de Blanco denunciaron operativos de vigilancia y cercos policiales durante todos los domingos de octubre para impedirles asistir a misa.

El OCDH documentó al menos 12 citaciones contra periodistas independientes, activistas, opositores y ciudadanos vinculados a iniciativas sociales y humanitarias, varias acompañadas de interrogatorios y amenazas de encarcelamiento. También registró al menos 35 personas imputadas en cuatro procesos con peticiones fiscales relacionadas con publicaciones críticas en redes sociales, actividades de integrantes de la masonería y participación en protestas ciudadanas. La Fiscalía solicitó penas de hasta diez años de privación de libertad contra cuatro personas de Granma por la difusión de videos críticos, conversaciones privadas y recargas telefónicas; penas de entre dos y cuatro años de limitación de libertad y multas de 20.000 a 25.000 pesos cubanos contra José Ramón Viñas Alonso, Fernando Marcos García, Ángel Santiesteban Prats y Osvaldo Ernesto Villegas Digat; hasta trece años de privación de libertad contra 18 imputados por las protestas del 13 de marzo de 2026 en Morón, Ciego de Ávila; y hasta cinco años contra nueve ciudadanos procesados por la protesta del 23 de mayo de 2025 en Bayamo.

Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH, expresó: "El régimen aumenta la represión para que los activistas abandonen el país, para intimidar a la población y presionar a Estados Unidos y a la Unión Europea. Nada de eso va a solucionar la grave crisis estructural ni las desconfianzas dentro de la propia élite. Cuba está abocada a vivir un proceso de transición política, económica y social".