Paola Gárate denuncia que seguridad ofrecida tras amenaza no es como informó el gobierno
_ El 10 de junio de 2026, la diputada local del PRI en Sinaloa, Paola Gárate Valenzuela, encontró una corona fúnebre en la entrada de su domicilio en la colonia Emiliano Zapata de Culiacán. El arreglo floral contenía un listón con la inscripción “Fam. Gárate Valenzuela”, lo que fue interpretado como una amenaza directa hacia ella y su familia. La legisladora presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado para solicitar una investigación exhaustiva que permita identificar a los responsables del acto intimidatorio.
En respuesta, la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, condenó enérgicamente el hecho y aseguró que la diputada contaba con medidas de protección proporcionadas por la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Entre las acciones anunciadas se mencionaron rondines de vigilancia en su domicilio, con el objetivo de garantizar su integridad y la de su familia ante posibles represalias.
Sin embargo, el 12 de junio, Paola Gárate desmintió públicamente las declaraciones de la gobernadora. La diputada aclaró que, tras las afirmaciones de Bonilla Valverde, recibió una llamada de la Guardia Nacional informándole que la seguridad ofrecida se limitaba a acompañamientos durante traslados oficiales o en situaciones específicas de riesgo que ella misma reportara. Gárate cuestionó la efectividad de este esquema, señalando que la amenaza ocurrió en su domicilio y no durante actividades parlamentarias.
La legisladora expresó su preocupación al preguntar: “¿La amenaza existe solamente cuando voy camino al Congreso? ¿Cuando llego a mi casa deja de existir? ¿Cuando estoy con mi familia ya no hay riesgo?”. Estas declaraciones evidencian una discrepancia entre lo informado por el gobierno estatal y la protección realmente otorgada, lo que ha generado incertidumbre sobre la seguridad de los servidores públicos en la entidad.
El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados condenó la amenaza y exigió a las autoridades federales y estatales garantizar la seguridad de Gárate Valenzuela. Solicitaron una investigación exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables, enfatizando que la democracia se defiende con libertad y no con amenazas. Este caso resalta la vulnerabilidad de los funcionarios en México frente a actos de intimidación, en un contexto donde la violencia política ha ido en aumento.
En respuesta, la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, condenó enérgicamente el hecho y aseguró que la diputada contaba con medidas de protección proporcionadas por la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Entre las acciones anunciadas se mencionaron rondines de vigilancia en su domicilio, con el objetivo de garantizar su integridad y la de su familia ante posibles represalias.
Sin embargo, el 12 de junio, Paola Gárate desmintió públicamente las declaraciones de la gobernadora. La diputada aclaró que, tras las afirmaciones de Bonilla Valverde, recibió una llamada de la Guardia Nacional informándole que la seguridad ofrecida se limitaba a acompañamientos durante traslados oficiales o en situaciones específicas de riesgo que ella misma reportara. Gárate cuestionó la efectividad de este esquema, señalando que la amenaza ocurrió en su domicilio y no durante actividades parlamentarias.
La legisladora expresó su preocupación al preguntar: “¿La amenaza existe solamente cuando voy camino al Congreso? ¿Cuando llego a mi casa deja de existir? ¿Cuando estoy con mi familia ya no hay riesgo?”. Estas declaraciones evidencian una discrepancia entre lo informado por el gobierno estatal y la protección realmente otorgada, lo que ha generado incertidumbre sobre la seguridad de los servidores públicos en la entidad.
El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados condenó la amenaza y exigió a las autoridades federales y estatales garantizar la seguridad de Gárate Valenzuela. Solicitaron una investigación exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables, enfatizando que la democracia se defiende con libertad y no con amenazas. Este caso resalta la vulnerabilidad de los funcionarios en México frente a actos de intimidación, en un contexto donde la violencia política ha ido en aumento.
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