El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, destaca el valioso aporte de las personas adultas mayores a la sociedad y al desarrollo del país a través de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Esta pensión, que tuvo sus orígenes en 2001 bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, se ha convertido en un derecho consagrado en el artículo 4 de la Constitución. Así lo afirmó la secretaria Ariadna Montiel Reyes.

En coincidencia con el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, que se celebra el 28 de agosto, se resalta que este segmento de la población es fundamental en la política de bienestar del país. Para honrar su contribución, se destaca que la Pensión para el Bienestar ha experimentado un incremento de cuatro veces en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y se proyecta que para 2024 sea cinco veces mayor.

La secretaria Ariadna Montiel informó que en 2024, por primera vez, la pensión tendrá un aumento sin precedentes del 25%, llegando a seis mil pesos bimestrales. Actualmente, a cinco años de gobierno de la transformación, alrededor de 11.5 millones de personas son beneficiarias de una pensión universal no contributiva de cuatro mil 800 pesos bimestrales en 2023, recibiendo el beneficio de manera directa y sin intermediarios.

La Pensión para el Bienestar representa un reconocimiento profundo a los adultos mayores por su aporte invaluable a la cultura, tradición y desarrollo del país. A través de programas de bienestar, el Gobierno de México materializa su compromiso con los más vulnerables y reafirma su premisa: por el bien de todos, primero los pobres. Esta pensión brinda a las personas adultas mayores mexicanas un ingreso digno para una vida plena y significativa.

En este Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, la secretaria Ariadna Montiel envía una cálida felicitación a todos los adultos mayores, reconociéndolos como pieza esencial en la construcción de un país más justo y equitativo. La pensión no solo es un derecho, sino un vehículo para combatir la desigualdad y promover una vida digna, en línea con los principios de derechos humanos fundamentales.